Más de 76.600 familias se acogen a las medidas contra los desahucios del Gobierno

La vigencia de este fondo se ha prorrogado un año más, hasta el 17 de enero de 2018 y, además, está previsto extender dos más la suspensión de los lanzamientos (hasta enero de 2019) que vencía este año. Según explica el Ministerio de Luis de Guindos, se amplían además las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis , a las familias con menores de edad a su cargo (no solo hasta tres años).

Por su parte, el conjunto de instrumentos que puso en marcha el Gobierno en 2012 para paliar los efectos de la crisis frente a la problemática de los desahucios han beneficiado a más de 76.600 familias hasta la actualidad. En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos ; más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago , y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del FSV.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Expiraba a los dos años de su constitución pero el Gobierno lo ha prorrogado en dos ocasiones, en la actualidad hasta enero de 2019.

Pueden solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos . Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. Estos requisitos se añadieron los ya vigentes que, en conjunto, hacen que «ninguna persona o familia en dificultades quede desasistida», según Economía.

Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples. Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa ; tener menores de edad a cargo; tener algún discapacitado ; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.