El juez cita a declarar a BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo el próximo 24 de septiembre

A finales de julio, García Castellón imputó al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.

Lo hizo dentro de la pieza 9 del caso Tándem relativa a las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

El juez pidió entonces al BBVA que designara a una persona como representante ante el juzgado pero rechazó la petición de la entidad de personarse como perjudicado en la causa.

La Fiscalía solicitó la imputación del banco después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA. Documentos que, a juicio de Anticorrupción, acreditarían que los pagos «ilícitos» a la empresa de Villarejo, Cenyt, «afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal» y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.

La Fiscalía asocia el delito de cohecho activo a que las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto «múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito» cuando el excomisario -en prisión desde noviembre de 2017- aún era policía en activo y por tanto su cargo era incompatible con estas labores.

Los «múltiples» delitos de descubrimiento y revelación de secretos derivarían de la información a la que consiguió acceder Villarejo de manera ilegal para aportar al BBVA, que supone, según la Fiscalía, «una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria».

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, según Anticorrupción, éste se pudo producir porque alguno de los directivos del BBVA investigados «habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones».

Con la imputación del BBVA, prosiguen las pesquisas sobre las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt , empresa del excomisario que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios, según la investigación.

Varios cargos actuales y pasados del banco están investigados en esta causa, que es secreta, incluido el exconsejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, que abonó una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión.