Industria obliga a las empresas que reciban ayudas a mantener la actividad y empleo al menos tres años

En concreto, el Ejecutivo ha sacado un real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España con el que quiere evitar nuevos Alcoa. El decreto incluye una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.

Maroto ha confirmado la intención expresada hace unos días en una entrevista en RNE, por la que el Gobierno quiere incorporar a las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas la obligación de mantener su actividad productiva por un periodo de tres años, así como un nivel de plantilla del 85%.

La ministra ha destacado que es «relevante» vincular las ayudas a estas obligaciones para «mantener el tejido productivo y dar continuidad» a la industria , evitando así casos de cierres y marchas de empresas una vez expirado el periodo de caducidad de esas subvenciones.

El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 es ya una realidad, tras su paso por el Consejo de Ministros de este viernes con el que persigue la creación de 2,9 millones de contratos indefinidos para jóvenes y una reducción de diez puntos en su tasa de paro durante sus tres años de vigencia, lo que supondría sacar del desempleo a casi 170.000 jóvenes menores de 25 años.

Tal y como adelantó ABC, el citado Plan está compuesto por 50 medidas estructuradas en seis ejes y con una dotación de 2.000 millones de euros para la creación de una red de 3.000 orientadores en los servicios públicos de empleo, que realizarán también tareas de prospección y captación de oferta.

Durante la presentación del Plan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que la situación de los jóvenes en España demanda la aprobación de este plan. Así, ha recordado que de los 2,7 millones de jóvenes afiliados a la Seguridad Social, el 78% trabaja en el sector servicios , con una tasa de estabilidad de sólo el 8,19%. Actualmente hay 569.000 jóvenes desempleados, de los cuales 87.000 son de larga duración, y de éstos el 72,98% presenta un bajo nivel formativo.

En concreto, propone el nombramiento de 3.000 funcionarios interinos por un máximo de 18 meses , cuyo perfil profesional se acordará en la primera Conferencia Sectorial tras la aprobación del plan. Una parte importante de estos funcionarios proporcionarán atención individualizada a los jóvenes y realizarán un seguimiento de su itinerario de inserción. A ellos se unrián otros 110 mediadores juveniles que se coordinarán con los servicios de empleo autonómicos para informar a los jóvenes de las medidas aprobadas.

A la finalización de este plan en 2021, las metas que se han fijado Gobierno, sindicatos y empresarios son las de haber conseguido reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5% (ahora es un 33%) disminuyendo en 168.000 el número de parados menores de 25 años, y elevar la tasa de actividad hasta el 73,5% en la franja de 20 a 29 años (58,7% en la actualidad). Este incremento deberá conseguirse aumentando en al menos un punto la tasa de actividad masculina y en al menos tres puntos la de las mujeres.

También se han propuesto a lograr al término del plan pasan por recortar en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado, entre otras metas. O es tablecer un control más efectivo de la contratación temporal para evitar el uso abusivo de la misma, limitando la duración de los contratos del mismo trabajador con un mismo empresario.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy de nuevo la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021, anteriormente ya propuesta y rechazada por el Congreso en julio, que prevé unos objetivos de déficit más flexibles , del 1,8 % del PIB para 2019, del 1,1 % para 2020 y del 0,4 % para 2021.

La ministra portavoz Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de presnsa posterior al Consejo de Ministros, que se vuelve a enviar a las Cortes la misma senda para el conjunto de las Administraciones Públicas porque así lo requiere la Ley de Estabilidad como paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.