Hacienda aclarará en un registro cuántos empleados tiene la Administración

La medida no se adoptará en breve y tomará su tiempo, describen estas fuentes. Saber cuántos trabajadores públicos hay era una asignatura pendiente de hace años, que afloraba su urgencia en cada negociación de empleo con los sindicatos. Así ocurrió cuando se pactó contratar a cientos de miles de interinos para rebajar la tasa de temporalidad del 24% al 8% en tres años. « Ni los sindicatos ni el Gobierno sabemos las cifras exactas . Al ser una medida con un impacto económico importante se debería conocer al detalle», explica Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de servicios públicos de CC.OO.

Cada estadística mide una variable distinta: por ejemplo, la del mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias cifra en 3,38 millones los empleados públicos en 2016: ello se debe a que recoge todo trabajador que haya estado contratado un periodo en un ejercicio por una Administración. El Registro Central no incluye a empresas públicas –lo que sí hace la EPA– y la afiliación a la Seguridad Social no tiene en cuenta las mutualidades.

Los dos acuerdos firmados entre Hacienda y sindicatos para convertir interinos a fijos y elevar la tasa de reposición para las administraciones cumplidoras al 100% –por encima para servicios prioritarios– supondrán, según calcula Olmos, crear más de 500.000 plazas fijas en la Administración en tres años . Desde Hacienda señalan que ello hará que el próximo año se de la mayor oferta de empleo público de la democracia . La mayor parte obedece a la estabilización de interinos a fijos –más de 400.000 hasta 2020– mientras que este año se crearán 50.000 nuevas plazas en todas las administraciones, según las estimaciones de CC.OO. El último acuerdo de empleo entre sindicatos y Gobierno amplió en unos 100.000 interinos más los que podrán aspirar a una plaza fija, la mayor parte de entidades locales.

«Somos una Administración relativamente envejecida. Necesitamos a los jóvenes», apuntó ayer el ministro Cristóbal Montoro ayer, al inaugurar la Semana de la Administración Abierta, en la que criticó a los que tildan el Estado de «elefántico». «Somos uno de los estados más pequeños de Europa y del mundo», analizó al recordar que el gasto público supone solo un 41% del PIB. Al acotar el número de empleados públicos no pudo dar una cifra exacta: « somos algo más de tres millones de funcionarios », sugirió.

Más allá de las estimaciones, la ausencia de estadísticas fiables, se complica aún más cuando los sindicatos tratan de hacer un seguimiento de las ofertas de empleo público acordadas. Otro punto que dificulta el seguimiento es que en el último acuerdo firmado, se permite a las administraciones que cumplen déficit, regla de gasto y deuda elevar su oferta de empleo. «Aquí la descentralización es un problema. Con el Estado y las comunidades es sencillo, pero es más difícil con las entidades locales », describe Olmos. De hecho, el último acuerdo obliga a las administraciones a publicar en sus diarios oficiales las ofertas aprobadas, ante lo difícil del seguimiento.

Disponer de un único registro será de utilidad también para cuantificar el impacto de la subida de salarios públicos. Por ejemplo, este año el grueso del alza salarial lo pagarán las comunidades autónomas, que son la Administración con más empleados públicos con más de 1,3 millones. De esta forma, si el Estado destinará 600 millones este año a esta subida de las nóminas, serán las comunidades las que más dinero les suponga esta mejora salarial: unos 1.500 millones de acuerdo al Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, en el que se detalla que, junto a los ayuntamientos, el coste de las administraciones territoriales en esta rúbrica será de 2.091 millones de euros. Ello se dejará notar en las cuentas: la Autoridad Fiscal advierte que la mayoría de las comunidades autónomas incumplirá la regla de gasto este año.