Así será la nueva política «social» de vivienda del Gobierno

Para ello, el Ejecutivo prevé ampliar de 3 a 5 años la duración de los contratos de arrendamiento . Además, limitará el importe de las garantías adicionales a las fianzas y garantizará el mantenimiento del contrato pese a la transmisión de la vivienda arrendada. Esta última política está enfocada a limitar el impacto en el mercado de los fondos de inversión , que están comprando edificios enteros para destinarlos al alquiler turístico.

También habrá «incentivos» fiscales para el arrendamiento. El PSOE recupera así una medida que ya había planteado en el Congreso de los Diputados cuando estaba en la oposición a través de una proposición de ley que fue rechazada por la Cámara. En esta misma línea, el Ministerio promoverá la construcción de un parque público de 20.000 viviendas destinadas al alquiler en ciudades con una demanda alta. La construcción de estas casas, que ya venía recogida en los presupuestos alternativos del PSOE, estará terminada en un plazo de entre 4 y 6 años y se llevará a cabo «en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos», según señaló ayer Ábalos.

El Plan de Vivienda 2018-2021 no escapará a este cambio de rumbo político. El proyecto, aprobado en marzo por el anterior Ejecutivo, será remodelado, especialmente en las políticas dirigidas a jóvenes, y contará con una «mejora presupuestaria» . No se descarta incluso que se desarrollen nuevas ayudas.

Estas ambiciosas políticas, que deberán ser aprobadas a golpe de decreto debido al escaso apoyo parlamentario del Gobierno , serán articuladas a través de un grupo de trabajo interministerial -que se pondrá en funcionamiento en breve- y una Secretaría General de Vivienda dependiente del Ministerio.

Si bien ha centrado la mayor parte de su intervención en las nuevas políticas en materia de vivienda , el Ministro de Fomento también también ha tratado en el Congreso las líneas maestras que seguirá su departamento en otras áreas.

Exceptuando el levantamiento de barreras previsto para las autopistas de peaje cuya concesión concluye en la actual legislatura (AP-7 Tarragona-Alicante, AP-1 Burgos-Armiñón y AP-4 Sevilla-Cádiz), Fomento ha diseñado una estrategia continuista. En este sentido, Ábalos ha destacado que tiene previsto l icitar contratos de más de 5.000 millones de euros en obra pública solo este año. Una partida en la que el Plan Extraordinario de Carreteras (PIC) tendrá una gran importancia.

En principio, también se respetarán los p lanes estratégicos diseñados por AENA (que incluye el desarrollo inmobiliario de Barajas y El Prat) y la compra de trenes proyectada hace meses por Renfe. Sobre la regulación de las VTC existen más dudas, ya que Ábalos abrió la puerta ayer a dejar esta competencia en manos de las comunidades autónomas.