Un Gobierno con competencias troceadas afrontará el parón económico

Pedro Sánchez retrasó hasta la formación de Gobierno la subida de las pensiones como medida de presión para lograr los apoyos a su investidura. Los cerca de nueve millones de jubilados comenzaron el año con las nóminas congeladas, a la espera de que sus rentas subieran un 0,9%, que ahora debe aplica el Ejecutivo con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El Gobierno no quiso subirlas un 0,25% desde primeros de año, como establece la actual ley de Seguridad Social, tal y como está redactada desde 2013, y añadir luego el 0,65% restante a la espera de estar en plenas funciones. Pese al retraso los pensionistas han recuperado poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó para 2019, año en el que el IPC creció un 0,8%. Junto a ello, el Gobierno subirá, previsiblemente la semana próxima, el sueldo de los empleados públicos un 2%, como se acordó con los sindicatos.

Es una de las reformas de más calado que tiene pendiente la economía española, un melón que hay que abrir y que ya no admite demoras, teniendo en cuenta que está aquejado por un déficit de unos 18.000 millones y soporta una deuda que supera los 50.000 millones. Hace años que el sistema no es capaz de pagar por sí solo la nómina de los jubilados y el Fondo de Reserva está esquilmado , con apenas 1.400 millones después de que el Ejecutivo socialista retirara en noviembre 3.598 millones para hacer frente a la extra de Navidad. El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, deberá diseñar una reforma que asegure las finanzas de la Seguridad Social y la prepare para afrontar el gran reto que se acerca, la jubilación de la generación del baby boom. Entre las primeras medidas anunciadas está la derogación del Factor de Sostenibilidad, el gran mecanismo de ajuste del sistema, que desde 2019 hubiera ligado la pensión inicial a la esperanza de vida

El pasado año el salario mínimo subió hasta 900 euros por decreto. Pedro Sánchez se saltó un acuerdo pactado entre los agentes sociales y el Gobierno de Rajoy para plegarse a las exigencias de Podemos. El compromiso adquirido con el partido de Iglesias era lograr en la legislatura que este indicador se situará en el 60% del salario medio y el segundo paso toca ya este ejercicio. El objetivo para este año es aumentarlo hasta mil euros, pero en esta ocasión se ha comprometido a negociarlo con empresarios y sindicatos. La idea no gusta a la patronal, lo que aventura una negociación muy dura. «Es imposible, destrozaría la negociación colectiva», aseguró Antonio Garamendi preguntado por la subida de mil euros en una entrevista con ABC en la que también afirmó que el alza del 23% ha llevado a la economía sumergida a muchos trabajadores. El exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció que a más de 40.000 empleados del campo, y la medida ha hecho estragos también en uno de los colectivos más vulnerables: las amas de casa. Están cotizando en su nivel más bajo desde 2012.

La ministra de Hacienda deberá conformar los Presupuestos de 2020, después de llevar ¡tres! años con unas cuentas que han sobrevivido a sus padres : Cristóbal Montoro, Mariano Rajoy y Albert Rivera, todos fuera de la política. Antes, Montero tendrá que convocar a las comunidades, 17 meses después , en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar los objetivos de déficit público de 2020, ahora en el irreal -0,5% del PIB, cuando 2019 puede acabar con un boquete superior al 2%.

Este será su segundo gran reto: hacer que las cuentas cuadren. El déficit lleva años estancado en el 2,5% del PIB, Bruselas y, por tanto, la propia Constitución respaldan un ajuste estructural (es decir, más allá del ciclo económico) de 0,65 puntos cada año (unos 7.800 millones). Montero deberá enfrentar unas subidas de impuestos a las empresas anunciadas cuyo impacto recaudatorio y sobre una economía en desaceleración están por ver. Todo ello en un momento en el que el PSOE ha pactado un ambicioso programa de gasto con Unidas Podemos , además de los guiños que deberán incluir para contentar a los partidos regionales.

Sánchez prometió cuando estaba en la oposición que derogaría la reforma laboral de Rajoy , pero el objetivo no se ha cumplido. Ahora el programa de gobierno de coalición se marca como objetivo derogar las modificaciones introducidas en la legislación en 2012. Se pretende acabar con la primacía del convenio de empresa, recuperar la ultraactividad de los convenios y acabar con el despido por absentismo, entre otras medidas. Los empresarios ya han anticipado que se opondrán a estos cambios que, en principio, el Ejecutivo quiere negociar con los agentes sociales, pese a que desde UGT ya han pedido al Ejecutivo que derogue la norma por decreto. El sector empresarial ha advertido que los cambios afectarán a la competitividad de las empresas y al empleo.

Con escasos visos de poder aprobarse ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, la gran reforma pendiente es la del modelo de financiación autonómica. Una medida que va más allá de lo económico y supondrá una auténtica batalla campal política: más aún al depender de los independentistas catalanes y de una amalgama de partidos regionales, con la Comunidad Valenciana presionando con fuerza para abordar esta reforma en la legislatura, ante la infrafinanciación de la región. Junto a ello, Hacienda tiene a buena parte de las comunidades autónomas en pie de guerra, al no convocarlas el año pasado, y con las regiones del PP manifiestamente molestas. Frente al modelo de armonización fiscal defendido por Montero desde su época de consejera de Andalucía, las comunidades populares encabezadas por Madrid se oponen a ello.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya aseguró en la anterior legislatura su intención de poner en marcha una reforma del entramado regulador nacional basándose en el llamado modelo «twin peaks» . Esto supone situar al Banco de España y a la CNMV en lo alto del organigrama regulatorio, ocupándose la entidad central de la supervisión tanto de la banco como de las aseguradoras y gestoras, y la Comisión enfocada en la conducta de los mercados. También está en el cajón de lo pendiente por hacer la creación de la Agencia de protección del cliente financiero, incluida entre las recomendaciones que alumbró la Comisión de investigación de la crisis en el Congreso y que, pese a contar con el apoyo de todos los grupos políticos, quedó en el aire por la convocatoria de elecciones. Esta oficina se encargaría de gestionar las reclamaciones de los clientes bancarios, función que actualmente asume el Banco de España. Al margen de los reguladores, también está pendiente la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -vacante ahora por la incorporación de su presidente José Luis Escrivá al Gobierno- o el Consejo Económico y Social.

El nuevo Gobierno también tendrá que aprobar medidas que permitan el acceso a la vivienda de colectivos como jóvenes y las familias de rentas bajas, desplazados por el encarecimiento de los pisos tanto en alquiler como en propiedad. Podemos insiste en controlar el mercado del alquiler para garantizar este acceso, pero los expertos del ladrillo advierten de que esta iniciativa tendría un efecto contrario al deseado. En la anterior legislatura, la ministra de Economía, Nadia Calviño, evitó que se intervinieran los precios, pero el acuerdo de Gobierno vuelve a retomar esta iniciativa.

El Gobierno pretende alcanzar un pacto de Estado en Infraestructuras que determine cómo se deben financiar las autopistas y autovías. El Ejecutivo ha levantado las barreras en las autopistas cuya concesión ha terminado en los últimos meses, pero al mismo tiempo ha dejado abierta la puerta en varias ocasiones a la posibilidad de imponer nuevos peajes en las autovías.