El Gobierno «chantajea» a las renovables que denunciaron los recortes de Rajoy

Esta medida no será de aplicación cuando exista el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo, o se mantengan abiertos los procesos arbitrales o judiciales en curso, salvo que se acredite renuncia fehaciente a la percepción de dicha compensación, continuación o reinicio de dichos procesos.

Es decir, las instalaciones afectadas por los recortes del Gobierno de Rajoy pueden mantener la tasa de rentabilidad actual hasta 2031 si sus propietarios desisten de las demandas presentadas ante los tribunales de arbitraje internacionales. Hay que recordar que quienes podían recurir a estos arbitrajes eran los inversores extranjeros, ya que los nacionales solo podían acudir a los tribunales españoles, los cuales, dieron la razón al Gobierno.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es «dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas».

Con esta normativa, que recoge la misma propuesta cuyo trámite ya inició Gobierno a finales del año pasado pero que finalmente no pudo ser aprobado ante la convocatoria de elecciones generales, Ribera consideró que se busca ofrecer una solución a los inversores que permita «mitigar el impacto» de los recortes de 2013 y «mantener la estabilidad y la predictibilidad de su inversión».

Ribera cifró en un total de 45 laudos los frentes abiertos por inversores internacionales contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo que se aplicó en su retribución, ascendiendo a un importe total las peticiones de indemnizaciones de más de 10.000 millones de euros.

Hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones -aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros-. «No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa», indicó Ribera.

Así, la ministra para la Transición Ecológica consideró que esta oferta lanzada por el Gobierno a ese tipo de inversores damnificados «pueda ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduzca la litigiosidad pendiente e incluso invite a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años», informa Ep.

«Contar con una certidumbre sobre los activos existentes, que están funcionando desde antes de 2013, es fundamental para poder acometer nuevos desarrollos», ha explicado el presidente de APPA Renovables , José Miguel Villarig. «El sector ha vivido una gran cantidad de cambios regulatorios y debemos volver a la normalidad y a la planificación consensuada que nos dará certidumbre. Es necesario que todos los grupos políticos apoyen la vuelta a la racionalidad en un sector fundamental para la creación de industria nacional y empleo de calidad como es el sector renovable. Un sector que está llamado a ser el protagonista de nuestro modelo energético».

El mantenimiento de la rentabilidad razonable para los proyectos fotovoltaicos existentes «es un paso importante hacia la estabilidad y seguridad jurídica y da señales positivas a futuro para los inversores. Eliminar la incertidumbre es fundamental para atraer las inversiones necesarias para desarrollar los más de 30 GW de proyectos fotovoltaicos que se tienen que instalar a 2030 para cumplir con los objetivos definidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima», ha señalado Jorge Barredo, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

«El real decreto merece una valoración positiva en cuanto a que persigue garantizar un marco regulatorio y económico estable para el desarrollo de las energías renovables. La predictibilidad y estabilidad regulatoria son factores esenciales, ampliamente demandados por el sector eólico, sin los cuales sería imposible alcanzar el nivel de inversión y el empuje que serán necesarios en los próximos años para la transición energética que España debe acometer» destaca la Asociación Empresarial Eólica (AEE) .

«Esto significa que las 60.000 familias fotovoltaicas españolas, que acumulan 10 años de agresivos recortes retroactivos, que han mermado hasta en un 50% las retribuciones acordadas por el Estado en su momento no van a verse expuestas a un recorte adicional del 20%. Este colectivo, que tuvo que refinanciar en masa sus activos, para no perder sus instalaciones ni sus patrimonios personales, no hubiera soportado este nuevo y salvaje ajuste», ha afirmado el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) , Miguel Ángel Martínez-Aroca. «El sector valora y reconoce la determinación de este Gobierno y, singularmente, de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, puesto que, en muchas ocasiones, y por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valiente».

Por otra parte, el real decreto ley dedica dos medidas de carácter urgente que, según el Ejecutivo en funciones, contribuirán a favorecer una transición energética socialmente justa. En primer lugar, se ocupa de la concesión de acceso de evacuación a la red. La norma establece que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá regular procedimientos y establecer requisitos para que, a la hora de otorgar una nueva concesión de acceso a un proyecto de energías renovables en los nudos donde se acometan cierres, se tengan en cuenta los criterios sociales, incluyendo el potencial de generación de empleo, y los criterios medioambientales.

En segundo lugar, se aborda la concesión de uso de aguas asociada a las centrales que cierran. El real decreto ley establece que se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso de este agua a iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se ubicaba la central clausurada. De nuevo, para su otorgamiento, se ponderarán criterios sociales y ambientales , teniendo en cuenta, además, que el uso para el abastecimiento de población siempre será prioritario.