El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y espera enviarla al Congreso en otoño

Planas ha destacado que, en el caso de la reforma de la Cadena Alimentaria, espera enviar el proyecto de Ley definitivo el próximo otoño una vez que Competencia, el Consejo de Estado y el Consejo Ecónómico Social (CES) envíen sus respectivos informes. En este sentido, el titular de Agricultura ha destacado que la Cadena Alimentaria tiene tres problemas principales: «el desequilibrio en la formación de precios, ya que en vez de formarse de abajo a arriba se hace de arriba a abajo» y que ve como un fenómeno europeo; así como la «falta de transparencia» en este terreno y la «debilidad» de agricultores y ganaderos a la hora de negociar frente al resto de eslabones de la cadena como la distribución o la industria.

El todavía anteproyecto de Ley, que según Planas es la «segunda fase» tras el real decreto que ya reformó la Ley de la Cadena en plen a ola de manifestaciones del sector agrícola y ganadero en el mes de febrero. En este sentido, ha destacado que cuando se apruebe esta norma adquirirá una dimensión europea y que se introducen modificaciones como «la ampliación de la lista de productos objeto de cobertura» de la Ley que introducirá también a los elaborados.

Respecto a los contratos, Planas ha añadido que si en el real decreto de febrero se hicieron obligatorios en todas las transacciones entre productor y otro eslabón de la cadena además de que se constarán los costes de producción, el futuro proyecto de Ley introduce un mayor número de supuestos y mayor contenido a incluir en los contratos. En concreto, recoge la extensión de lso contratos por escrito a todas las operaciones comerciales superioes a 2.5000 euros y recoge nuevos contenidos coom las penalizaciones contractuales o las excepciones por causas de fuerza mayor.

En cualquier caso, el anteproyecto de Ley aumenta el catálogo de prácticas comerciales desleales, y la protección en las relaciones comercaiels internacionales. «Ampliamos el número de prácticas consideradas desleales en un doble sentido: la lista negra o prácticas en todo caso prohibidas y la lista gris, que pueden ser toeleradas en la medida de que su contenido sea un reflejo contractual» , ha explicado Planas quien también ha añadido que el proyecto que se envíe al Congreso también adaptará el sistema sancionador a la legislación europea.

En concreto, se incorporarán nuevas infracciones como las cancelaciones de pedidos dentro de los 30 días antes de su entrega (sanción leve); así como la devolución sin pagar de productos agrícolas y alimentarios que no se vendan a un proveedor, la negativa a cumplir con el deber de informar a la inspección o la obstrucción a su labor, entre otros.

En esta línea, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) adquirirá la cualidad de autoridad nacional de referencia a efectos europeos en materia de inspección y sancionadora.«La Aica es el elemento central que coordina a las instituciones de control de las comunidades autónomas, y cuando una transacción ocurre en diferentes territorios de España, también añade competencias de inspección y sancionadora», ha especificado Planas que en varias ocasiones ha recordado que parte de las competencias son autónomicas si las operaciones ocurren en el mismo territorio.

Por otra parte, Planas también ha destacado la aprobación del real decreto que traspone la directiva 2017/159- sobre las condiciones laborales de los tripulantes en los barcos pesqueros españoles . Un paso previo a la ratificación del Convenio 188 de la OIT.

En concreto, el real decreto adopta medidas como la formalización del contrato por escrito y dar la información a la persona interesada sobre «los aspectos esenciales» del mismo , estable unas condiciones mínimas que debe cumplir los alojamientos de la tripulación y introduce el derecho a la repatriación al país de origen o residencia en el caso en qeu se suspenda temporalmente o extinga de forma indefinida la relación laboral. Se garantiza el derecho a la atención médica del tripulante , especialmente, en el caso de un desembarco en un puerto extranjero. También queda prohibido el trabajo nocturno a los menores de 18 años.

Planas ha apuntado que con este real decreto se quiere transmitir a las grandes flotas de terceros países no comunitarios (China , por ejemplo) que la competitividad no debe descansar sobre unas condiciones laborales peores dentro de los barcos y que esta debe ser la adecuada. El sector se ha pronunciado en este sentido durante las últimas semanas.