El Gobierno aguanta ‘sus Bankias’ por falta de apetito del mercado

El Estado ostenta en la actualidad el 61,8% del capital social de Bankia . Un porcentaje que quedará reducido hasta el 16,11% una vez se integre legalmente en Caixabank. La Administración pasa de ser el principal accionista de un banco a permanecer diluida en otro. No quedó más remedio que aceptar el ofrecimiento de la firma de origen catalán para tratar de dar una patada hacia delante con esa participación pública ya que, según fuentes financieras, el recorrido que podía tener Bankia estaba muy limitado. Y el Covid ha terminado por hundir el valor del porcentaje que tiene el Estado.

Fue Isidro Fainé , presidente de la Fundación La Caixa, el que tomó la determinación de convencer al Gobierno de Pedro Sánchez. El exbanquero, aunque nunca parece haberse echado a un lado, contactó con la vicepresidenta Nadia Calviño para plantear su oferta y el Ejecutivo tragó con el ofrecimiento. Meses de negociaciones para ver qué participación se quedaría el Estado y dónde quedaría el equipo que reflotó Bankia, el de José Ignacio Goirigolzarri . Porque la reputación de este último es muy alta en el sector financiero y es un activo valioso como gestor; tanto, que será el nuevo presidente de Caixabank, eso sí, con funciones ejecutivas bastante limitadas.

Pese a que el Gobierno vende la operación como un triunfo para intentar maximizar la recuperación del rescate inyectado, la realidad es que salir de ese accionariado durante estos años ha sido una tarea ardua. De los 24.069 millones públicos que recibió Bankia (más BMN )apenas se han recuperado 3.303 millones de euros . Esta cantidad se ha logrado con la colocación de dos paquetes de acciones y los dividendos recibidos desde 2014. En el sector, y también en el Gobierno, se da por descontado que recobrar las ayudas al completo será tarea imposible. De hecho, fuentes financieras apuntaban ya en septiembre que la fusión con Caixabank supone que el Ejecutivo prácticamente da por perdidos unos 16.000 millones del rescate.

En 2014 se colocó un 7,5% del accionariado por 1.304 millones y en 2017 se hizo lo propio para recaudar otros 818 millones. Vía dividendos la recaudación para las arcas públicas asciende a 1.180 millones de euros; en este caso, en 2020 y en 2021 se verá resentido lo que recogerá el Estado como remuneración al accionista por las limitaciones del BCE.

En el Gobierno –instigados por Bruselas– saben que quedarse dentro del capital social de un banco no es una situación que pueda mantenerse y, aunque Unidas Podemos soñara con convertir Bankia en una entidad pública permanente , más pronto que tarde el Ejecutivo tendrá que tomar la decisión de malvender su participación pública, que será del 16,11% en Caixabank. Malvender porque el paquete accionarial, hoy día, vale apenas 3.000 millones de euros en el mercado , cuando a mediados de 2017 era prácticamente el doble. Las cotizaciones bursátiles son un problema para todo el sector bancario porque, aunque es un gremio solvente, no tiene ninguna rentabilidad.

El mercado no apuesta por la banca. Y no solo durante la crisis del Covid. En diciembre de 2017 se realizó la última venta de acciones de Bankia por parte del Estado . Este periódico ha preguntado, a través del Portal de Transparencia, si el Ministerio de Economía ha recibido alguna oferta para vender/fusionar/absorber toda o una parte de la participación pública en Bankia desde 2018. La respuesta, rotunda, es que en el Gobierno no se ha recibido ninguna oferta para acometer una operación de esta índole sobre el 61,8% que mantiene hasta la fecha en Bankia. No hay inversores interesados en arrebatarle al Estado sus acciones. En este caso no entra en juego la oferta de Caixabank, ya que la operación abarca a toda la entidad y no solo a la parte pública.

Asimismo, hasta hace escasos meses el FROB estaba siendo asesorado para una hipotética venta de las acciones en poder público por el banco de inversión Nomura. Un viejo conocido de esta institución, pero cuyo contrato tocó a su fin recientemente. En su lugar se ha contratado a Arcano Partners para asesorar en una futura venta . Un mandato que tiene al frente al socio Andrés Ribón, ex-KPMG y ex-PwC con 15 años de experiencia y con especial foco en el sector financiero.

Más allá de ello, el hasta hace nada presidente del FROB, Jaime Ponce, desveló que el Gobierno podría optar por enajenar el capital social que posee en pequeños paquetes colocados en el mercado, como ocurrió en Reino Unido con Lloyds . «El menor peso relativo de la participación del FROB abriría la posibilidad de emplear eficazmente otros instrumentos de desinversión. Por ejemplo, los programas de ‘dribble-out’ o ventas graduales en mercado mediante ventas diarias equivalentes a un pequeño porcentaje del volumen negociado en la jornada», señaló. Esta operativa no sería inminente, por estar inmersos ahora en plena fusión con Caixabank. De ahí que el Ejecutivo haya retrasado a 2023 el plazo para salir del accionariado, que vencía en diez meses.