El fracaso presupuestario frustra el «impuestazo» y la contrarreforma laboral

Con el rechazo a las cuentas, queda aparcado sine die el incremento de IRPF y Sociedades que contenían el Presupuesto para 2.550 grandes fortunas, 224 socimis y 10.000 empresas. El alza también se podrían aprobar por decreto, y de hecho el PP así lo hizo en 2012, pero fuentes de Hacienda rechazan que vayan a hacerlo. Algo parecido ocurre con la subida de impuestos al diésel, que podría incluirse en la ley de Transición Energética y Cambio Climático, pero la cercanía de elecciones generales también aleja la opción de aprobarlos en una norma aparte al no haber tiempo para ello.

El «impuestazo» no prospera, pero desde el 1 de enero las empresas ya sufren una subida de los impuestos al empleo. La base máxima de cotización ha crecido un 7% . Esta alza implica elevar lo que las empresas pagan en cuotas por los sueldos más altos, pero también ha subido el coste de lo que abonan por los salarios más bajos, ya que en 2019 han crecido las bases mínimas. En este caso el alza ha sido del 23,2% , el mismo porcentaje en el que ha aumentado el salario mínimo, hasta 900 euros al mes.

La combinación de más impuestos y el incremento del salario mínimo en plena desaceleración ya se está haciendo notar en el empleo. Como avanzó este periódico, la combinación de ambos factores han encarecido la contratación y se traducirá este año en que la economía requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años.

La fractura parlamentaria que ayer acompañó el rechazo al Presupuesto, unido al probable adelanto de los comicios, deja también aparcada la contrarreforma laboral. Pedro Sánchez repitió como un mantra que derogaría la reforma aprobada en 2012, pero sus 84 diputados le abrieron los ojos sobre la utopía del objetivo. Tampoco ha logrado un acuerdo en el diálogo social para reformar uno sus pilares básicos: la negociación colectiva. No han logrado ni un solo avance . El convenio de empresa sigue teniendo, por tanto, el protagonismo, al igual que los descuelgues, instrumento que se disparó tras la reforma hasta convertirse en la clave para salvar la situación económica de una empresa.

El principal dilema es el que atañe a si habrá elecciones generales. Si hay una convocatoria rápida, como la que se dirime entre el 14 o el 28 de abril, también impediría tramitar impuestos como la tasa Google y la Tobin , que van como proyectos de ley al ser figuras de nueva creación. Al disolver las Cortes y convocar comicios no habría tiempo de tramitar estas leyes, ya que el plazo normal es de tres meses, a lo que sumarían otros tres más para su entrada en vigor desde su publicación en el BOE. El Gobierno pretendía recaudar 2.050 millones con ambos -1.200 la tasa Google, 850 la Tobin-.

Mientras tanto, seguirían prorrogados los Presupuestos de 2018, elaborados por el equipo de Mariano Rajoy y el grueso de medidas de gasto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya aprobó por decreto y entraron en vigor el 1 de enero como la subida del sueldo a los funcionarios un 2,5%, que tiene un coste de 3.700 millones. También es el caso de la subida general del 1,6% para las pensiones y del 3% para las mínimas y las no contributivas, así como el aumento de la base reguladora de las prestaciones por viudedad del 56% al 60%. Todo ello suma 2.750 millones. Ambas medidas fueron acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque finalmente las aprobara vía decreto el de Pedro Sánchez.

Sin Presupuestos, eso sí, se prorrogarían las inversiones a comunidades autónomas que contenían las cuentas de 2018, por lo que no se produciría el aumento del 20% que contemplaban a 12.812 millones de euros, de los que 2.051 eran a Cataluña. Las inversiones no se pueden aprobar por decreto, así que continuarán las que hubo en 2018, lo que restará a la comunidad 900 millones.

A ello se le suman las entregas por el sistema de financiación a cuenta que recibirían las comunidades actualizadas y que Hacienda quiere aprobar por decreto, aunque fuentes del Ministerio descartan que vaya a haber tiempo para sacarlas si hay elecciones. Ello dejaría a las comunidades sin 6.938,8 millones de euros , de los que en el caso de Cataluña hay 1.500. Lo que es seguro es que las regiones se quedarían sin los 2.500 millones de desfase en la recaudación del IVA de 2017 que incluían las cuentas, de los que 350 iban a Cataluña.

También queda fuera el aumento de las ayudas a familias para combatir la pobreza en 321 millones, la eliminación del copago para 6,8 millones de pensionistas y colectivos más vulnerables. Y la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas . Todas estas medidas se pueden aprobar por decreto, eso sí, aunque dependiendo de si hay elecciones en abril o más adelante el Gobierno deberá consultar antes a la Abogacía del Estado para saber qué medidas puede sacar por decreto y cuáles no. Como toda la legislatura, estas medidas caminan en la cuerda floja y dependen de si hay urnas a la vista: si hay elecciones generales, todas ellas serán papel mojado.