El fondo Lazora denunciará al Ayuntamiento de Barcelona por «acusaciones falsas»

La compañía responde de esta forma a la última declaración de la concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, que aseguró en una rueda de prensa que iba a abrir un expediente contra el fondo porque este había mantenido 20 viviendas de protección oficial vacías durante varios años. Lazora ha negado que estas viviendas estén vacías, y ha asegurado que el Ayuntamiento podría haberlo comprobado «con un mínimo de diligencia y de forma muy sencilla», en los registros públicos.

«El uso de la potestad sancionadora de los poderes públicos con fines propagandísticos y políticos para acosar a los administrados es ilícito», ha denunciado la compañía en un comunicado en el que también informa de que van a iniciar acciones legales contra el consistorio.

Lazora explica además que ha referenciado más de 50 contratos de arrendamiento que demuestran que ha mantenido ocupadas estas viviendas. Pero el fondo no se detiene aquí. La compañía considera que el expediente, que ni siquiera se ha abierto contra el propietario del edificio, se ha abierto para que Lazora entregue los pisos a la bolsa social del Ayuntamiento y este aplique precios de alquiler por debajo de los precios oficiales establecidos por la propia Generalitat.

Una medida de presión que según el fondo «no es casual». «Detrás de esta lamentable actuación impregnada de falta de buena fe, hay otros intereses. Es por ello que debemos denunciar la utilización partidista e ideológica de este asunto y de esta campaña, en un tema que, por su importancia, debería primar la gestión y el rigor y no los anuncios efectistas que en nada benefician a los ciudadanos, en particular a aquellos que más necesitan el acceso a la vivienda», asegura el fondo.

«Esta nueva fase de la campaña orquestada de desprestigio no solo viene con hechos falsos, sino que está plagada de irregularidades legales y de procedimiento», abunda el comunicado.

La compañía también denuncia la denominación de fondo buitre («es efectista e injusta»), y defiende que es entidad social que lleva más de 15 años ofreciendo de forma estable viviendas a más de 30.000 familias en toda España y que «los casos de vulnerabilidad social son una prioridad» para la compañía.