El Estado avalará 100.000 millones en créditos para evitar quiebras

El Gobierno estima que esas garantías públicas que concederá el Ministerio de Asuntos Económicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los bancos presten dinero a las empresas sin temor a impagos acaben movilizando, con la participación privada, entre 150.000 y 200.000 millones. Esta fórmula de financiación estará abierta a empresas de todos los sectores y todos los tamaños.

El ICO avalará hasta en 100.000 millones créditos que concedan las entidades financieras a las empresas tanto en la renovación de préstamos como nueva financiación para la gestión de facturas, necesidad de circulante y otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, según detalle el decreto.

La intención del Gobierno, que debe fijar las condiciones en las que se concederán esos avales y esos préstamos, se poner estas garantías a disposición de los bancos y las empresas los antes posible, en cuestión de días. Además, el decreto aprobado ayer también amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el ICO para que pueda dar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos, a través de las Líneas de ICO de financiación tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de financiación directa para grandes empresas.

El objetivo del Gobierno es evitar que se cierre a cal y canto el grifo del crédito y muchas empresas no puedan sobrevivir a una crisis de liquidez que en teoría debería ser temporal. El parón en seco de la actividad económica ha hecho que las compañías vean caer en picado sus ingresos y tengan que seguir haciendo frente a sus pagos con una caja mermada. Por eso es crucial una inyección de dinero que les permita, sobre todo a pymes y autónomos, soportar este periodo, pues los bancos, en una situación como esta de previsible aumento de la morosidad, difícilmente van a prestarles dinero.

Con estas garantías, al ser avalista el Estado, las entidades financieras están protegidas frente al eventual impago futuro de esos préstamos por parte de las compañías, pymes y autónomos que los reciben. Estos avales se suelen conceder en momentos de graves dificultades para la empresas y evitar que los bancos les denieguen crédito, pues ese dinero va a ser para cubrir problemas de liquidez y, por tanto, previsiblemente puedan conllevar un alto nivel de impagos.