Escrivá subirá la pensión máxima tras elevar las cotizaciones a los que ganen más de 49.000 euros

El ministro avanzaba que ambas decisiones irán en paralelo después de las críticas recibidas por la menor equidad intergeneracional del mecanismo de ajuste de las pensiones -pues carga sobre las espaldas de los jóvenes el coste de garantizar el retiro del ‘baby boom’ - y por los dardos que apuntan al atentado sobre la contribuidad que supondrá el destope de las cotizaciones de los sueldos más altos comprometida por Bruselas .

El ‘destope’ de las bases máximas es un compromiso adquirido con Bruselas para aplicar en la segunda parte de la reforma de pensiones, la más dura, junto a a la ampliación de los años que se tienen en cuenta para calcular la jubilación . Esta última medida supondrá un recorte de la pensión, que el ministro pretende neutralizar en algunos casos dejando libre elección de los años más beneficiosos para el cálculo.

Actualmente, empresarios y trabajadores aportan a la Seguridad Social el 28,3% del salario de cada trabajador -el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el empleado-; es lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Y lo que se recauda con dicha cotización conforma la principal fuente de financiación del sistema de pensiones. No obstante, este tipo de cotización del 28,3% no se aplica a la totalidad de los salarios de los trabajadores, sino que tiene un suelo mínimo y un techo máximo que cada año fija la ley.

El acuerdo a dos bandas cerrado entre Seguridad Social, UGT y CC.OO . supone un incremento de las cotizaciones por contingencias comunes de 0,6 puntos de 2023 a 2032, de los que medio punto será a cargo del empresario y 0,1 del trabajador.

El alza de los tipos ya ha provocado al Gobierno un enfrentamiento con la organización empresarial, lo mismo que ocurrirá con el ‘destope’ de las bases máximas, lo que amenaza con convertir el segundo tramo de la reforma de las pensiones en un nuevo polvorín. «Aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones», lamentó el lunes la patronal en un comunicado en el que se apeaba del acuerdo sobre el mecanismo.

También ha empezado con polémica la tramitación parlamentaria de la norma. El Gobierno ha impuesto un calendario exprés que incluso podría terminar con la norma aprobada la próxima semana y que ha levantado el rechazo de los grupos parlamentarios, incluidos los socios del Ejecutivo. Ayer quedó constituida la ponencia y se fijó para el viernes la comisión, que daría el visto bueno al dictamen, con la idea de que la próxima semana pueda pasar ya al Pleno del Congreso y de alli al Senado . El malestar es notable en varios de los grupos consultados por este diario, que señalan además que el periodo de enmiendas finalizó el 27 de octubre y que la norma lleva registrada desde septiembre.

La razón del enfado es común en todos los grupos, que consideran un «atropello» y una «vergüenza» que la reforma más importante para el Estado del Bienestar se intente «camuflar» con la tramitación de los Presupuestos y en un plazo mínimo. En cualquier caso, aún hay dudas en el Gobierno sobre cómo articular la enmienda que deberá incluir el contenido del mecanismo de equidad, por el ritmo vertiginoso que imponen las circunstancias. Una de las opciones que se barajan es que sea presentado como enmienda ‘in voce’. Además, hay recelos entre los grupos acerca del alcance de las medidas planteadas por Escrivá . El ministro ha asegurado que, teniendo en cuenta las rentabilidades medias históricas, el Fondo de Reserva debería contar a principios de la década de 2030 con entre 40.000 millones, algo que es puesto en cuestión.