Empleo ha destapado en seis años 160.000 trabajos fraudulentos en hostelería

Así consta en los datos aportados ante el Congreso por el propio Ministerio de Trabajo, a raíz de una pregunta parlamentaria del PSOE. En su respuesta, el Ministerio detalla que en 2012 las inspecciones de Trabajo destaparon 23.214 empleos de economía sumergida en la hostelería española; 25.056 fueron detectados en 2013; en 2014 afloraron 27.125; 29.602 en 2015; 30.082 en 2016; y 22.400 entre enero y octubre de 2017 , fecha hasta la que llegan las estadísticas oficiales aportadas por el Ministerio de Trabajo en esta respuesta parlamentaria.

De los 22.400 empleos en negro que Trabajo afloró en la hostelería española entre enero y octubre de 2017, 4.817 se localizaron en establecimientos de Andalucía, 2.799 en negocios hosteleros de la Comunidad Valenciana, 2.439 en la Comunidad de Madrid, y 2.177 en la hostelería catalana. Fueron las cuatro regiones en las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destapó un mayor número de empleos de economía sumergida en el sector hostelero. Tras esas cuatro comunidades se situó Galicia, donde se detectaron 1.768 empleos «en negro», 1.561 en Castilla-La Mancha, 1.518 en Canarias, 1.385 en Castilla y León, y en torno a mil en Canarias. En el resto de regiones las cifras fueron sustancialmente inferiores.

Todos esos datos incluyen tanto asalariados como trabajadores por cuenta propia que fueron sorprendidos sin estar dados de alta -y que por tanto no cotizaban a la Seguridad Social ni sus rendimientos eran declarados a efectos tributarios-, así como inmigrantes que ocupaban empleos en el sector de la hostelería pese a no disponer de la preceptiva autorización laboral.

En esta respuesta parlamentaria, el Gobierno afirma que durante este año se están «intensificando» las inspecciones de Trabajo en el sector de la hostelería, con «nuevas campañas» de control para luchar contra las «conductas fraudulentas». El Ejecutivo subraya que «el afloramiento del empleo irregular» es un «objetivo prioritario» , con el fin de regularizar «las condiciones de trabajo», conseguir la «generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social» y perseguir un fraude que «afecta gravemente a los derechos de los trabajadores».