REE critica a la CNMC porque «los recortes no son garantía de mayor eficiencia»

Esta circular « introduce un nivel elevado de incertidumbre sobre la retribución de las inversiones e incorpora una elevada discrecionalidad sobre actuaciones críticas para el despliegue de la política energética y es discriminatoria con la actividad de transporte», subraya la compañía que preside Jordi Sevilla.

Además, «podría dificultar la transición energética y el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ya que no fija un entorno regulatorio claro, estable ni predecible . Por último, no reconoce como factor incentivador la incorporación de nuevas tecnologías e innovación en la actividad de mantenimiento».

Jordi Sevilla ha afirmado que «recortar el gasto en inversión y mantenimiento en la prestación de un servicio público esencial no es el camino adecuado. La experiencia nos ha demostrado, aquí y en otros países, que la estrategia de los recortes indiscriminados en el gasto solo conduce, con certeza, al deterioro en la calidad de la prestación de los servicios, sin que se hayan podido demostrar sus supuestas ventajas. Y esto se aplica a todo servicio público esencial, con independencia de que se financie con recursos públicos provenientes de los Presupuestos o con fondos privados que deben obtenerse en los mercados financieros y de capitales, para lo que se debe ser respetuoso con las reglas del juego que determinan estos mercados».

Añade que los recortes «no son la garantía de una mayor eficiencia, ni de un menor coste en el servicio. La factura se rebajará, precisamente, con la introducción masiva de energías renovables prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyos objetivos se ponen en riesgo si se recortan los techos de inversión y se reducen los estándares de mantenimiento de unas redes de transporte que, hasta ahora, han sido una referencia internacional de calidad y seguridad de suministro».

Acusa a la CNMC de « arrogarse la potestad de decidir a posteriori y unilateralmente qué inversiones se retribuyen y a qué pre cio. En estas condiciones de inseguridad jurídica será difícil convencer a los inversores privados para la construcción de las redes necesarias para la transición energética».

Por último, el exministro socialista dice que «estamos comprometidos con la transición energética y las orientaciones de política energética del Ministerio y confiamos en que las alegaciones de las empresas afectadas, junto con la intervención preceptiva del Gobierno de España en defensa de dichas orientaciones, corrijan la propuesta para no poner en riesgo el volumen de inversiones privadas en redes necesario para la transición energética ni el mantenimiento de las existentes con los exigentes estándares actuales».