José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - EFE

La CNMC desmantela un cártel que se repartía contratos del SEPE, Hacienda y la Seguridad Social

Indra, IBM, Accentur y otras ocho empresas han sido sancionadas con casi 30 millones de euros

MadridActualizado:

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado un cártel que se repartía los clientes y contratos de ciertras administraciones públicas. Las empresas implicadas son Indra, SAG, Atos Spain, Connectis, IBM, Everis, Babel Sistemas de Información, Cibernos Consulting, Gesein, Accenture y Next Computer Services.

La trama desarticulada, que ha sido sancionada con 29,9 millones de euros, pactaba los precios y las condiciones comerciales, además de repartirse los clientes, e intercambiaba información comercial para encarecer la contratación pública. Una investigación que se inició hace más de tres años después de que la CNMC recibiera una denuncia.

Las empresas implicadas actuaban en toda España ofreciendo servicios de informática y tratamiento de datos en general, afectando las decisiones del cártel a los contratos públicos de organismos como la Agencia Tributaria, la gerencia informática de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otros.

Conductas ilícitas

Las conductas ilícitas realizadas afectaban a los procedimientos de contratación, que se hacían de diversas formas: mediante la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental; la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación; la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados; y la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores.

Tras investigar al cártel, la CNMC ha concluido que queda acreditada una infracción «muy grave» de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE.