La carrera contrarreloj de las grandes empresas para aprobar la auditoría de eficiencia energética

Industria calcula que tendrán que auditarse cerca de 27.000 establecimientos y locales. Y todo parece indicar que «no va a dar tiempo», como cree el gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), Antonio López Nava. «Supone hacer casi 27.000 auditorías. Nueve meses (desde que se aprobó el Real Decreto) es muy poco tiempo para que las grandes empresas puedan cumplir. Lo harán como puedan. De hecho esta asociación va a pedir una prórroga para que las cosas se hagan mejor».

Realmente el Real Decreto es la trasposición de una directiva europea que entró en vigor el 4 de diciembre de 2012 y debería haber sido aplicada por los Estados el pasado 5 de junio de 2014. Por tanto, «el Gobierno ha tardado más de año y medio en incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico», como recordó Emma Garralaga, experta en Eficiencia Energética de Bureau Veritas en una jornada que celebró esta entidad este mes en Madrid. Con plazos tan limitados, «desde el 12 de febrero, las empresas que nos dedicamos a las auditorías energéticas tenemos un colapso de demanda», afirmaba.

Las auditorías energéticas deben realizarse cada cuatro años, según esta normativa, y cubrir al menos el 85% del consumo de toda la energía del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional de una compañía. Se analizan tanto edificios, como procesos y flota de transporte. El objetivo de la UE es que se ahorre un 20% de energía para 2020.

«Las grandes empresas quieren cumplir, sin embargo detectamos que no están sacando todo el partido a la auditoría energética, las están haciendo muy baratas y con alcances muy limitados», afirma López Nava.

Cómo mínimo, se necesitan dos meses para realizar un estudio y análisis de cuándo, dónde, cómo y por qué consume una empresa, además de ofrecer propuestas para mejorar la eficiencia energética. No obstante, el Real Decreto no obliga a implantar esas medidas de mejora. «El espíritu de la norma —dice López Nava— es obligar a hacer un análisis de los consumos para que la empresa sea consciente de sus posibilidades de ahorro, pero depende de la entidad aplicarlas o no». Y eso que según datos de Ae3 una auditoría pueden destapar ahorros potenciales medios del 20% en energía. «Hay muchas empresas sobre todo de la industria (vidrio, acero, cemento...) que llevan muchos años trabajando en eficiencia energética porque tienen costes muy elevados en energía y lo han tenido siempre en cuenta».

Una vez se realice la auditoría, las empresas tendrán un plazo de tres meses para registrala en un Registro Administrativo de Auditorías Energética Nacional a través de la Comunidad Autónoma donde se encuentre la instalación.Otro bache en el camino. Según López Nava, «las Comunidades tienen potestad para inspeccionar y sancionar. Y pueden tener criterios distintos para grandes compañías que suelen ser de ámbito nacional y tienen centros de trabajo en varias regiones.»

La incertidumbre es que pasará para aquellas empresas que no les dé tiempo a ser auditadas antes de 14 de noviembre, ya que la norma recoger sanciones muy graves (no hacer la auditoría); grave (hacerla incorrectamente) o leve (no comunicarla) que pueden conllevar una multa de mil a 60.000 euros.

Existe una alternativa a la auditoria, recogida en el Real Decreto: aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales. No obstante, también debe incluir una auditoría energética conforme a las directrices mínimas del Real Decreto. Por tanto, no hay escapatoria al requisito de cumplir con una auditoría que analice los consumos de energía de la empresa antes de 14 de noviembre.

El Club de Excelencia en Sostenibilidad y el Observatorio de Eficiencia Energética , junto con Creara, han realizado un informe para conocer la adecuación de 40 grandes compañías españolas al Real Decreto que obliga a la realización de una auditoría energética. El 70% de las entidades tenían una facturación superior a 300 millones de euros y solo un 16% menos de 50 millones de euros. Eran en su mayoría del sector industrial, de la energía, transporte y construcción. Los resultados revelan que el 77% de ellas había realizado una auditoría energética en alguna de sus instalaciones en los últimos cinco años. «La mayor parte de estas empresas están dentro del ámbito de aplicación de la normativa», afirma Ramón Villacampa, responsable de Media Ambiente de BSH Electrodomésticos España. Sin embargo, reconoce que también hay compañías de menor tamaño que pueden tener «un grado menor de adecuación a la ley en lo relativo a las auditorías energéticas y quizás su principal inconveniente es cumplir los plazos». Villacampa afirma que las empresas asumen de buen talante esta obligación pues lo ven «como una oportunidad de negocio. Cualquier acción para reducir las emisiones de CO2, aparte de ir a la cuenta de resultados, puede ser una palaca reputacional para la empresa».