En busca del dinero de Mario Conde

Conde, que pasó en prisión dos meses tras ser arrestado por la Guardia Civil el 11 de abril del año pasado, ideó una compleja trama societaria para alejar del foco de la justicia su fortuna. Los investigadores apuntan que el antiguo banquero exitoso blanqueó supuestamente (según los indicios acumulados) 13,06 millones de euros desde el año 1999, a través de una red criminal codirigida por su hija, Alejandra Conde, también imputada en la causa.

Las cuentas cuadran: el exbanquero fue condenado a pagar 26,05 millones de euros de responsabilidad civil por dos condenas ligadas a su gestión del desaparecido banco Banesto, entidad que presidió entre 1987 y 1993, y en su día solo devolvió 11,95 millones de euros. Faltaban por aparecer 14,1 millones.

El juez –que atribuye a Conde los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, ocho delitos fiscales y la antigua insolvencia punible – ya tiene en su poder la información solicitada a Reino Unido y Suiza, según informa Efe. Una de las piezas de la causa en la que el juez rastrea el viaje internacional del dinero, canalizado a través de siete empresas en dos continentes, continúa bajo secreto.

La trama ideada por el exbanquero contó con sociedades en Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo e Italia, con lazos que llegaron hasta las Islas Vírgenes y Curaçao. Para evitar el embargo de sus bienes por parte de la justicia, que buscaba cobrar el dinero que no pagó por sus antiguas condenas, Conde se desligó de dos fincas –la lujosa «Can Poleta» en Mallorca y «Los Melonares» en Sevilla–, que colocó bajo titularidad de sociedades controladas por él. Además, el exbanquero repatrió el dinero a través de unas 44 operaciones, tanto de entradas en efectivo como mediante transferencias.

Los fondos eran blanqueados en última instancia por tres sociedades ubicadas en España –Barnacla, Oleificio y Black Royal Oak–, que consigueron «hacer opaco a las autoridades judiciales el patrimonio de Mario Conde», según relató el juez investigador.

En esta misión, Conde fue ayudado por su círculo íntimo. Los investigadores otorgan un papel relevante al abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, y a su hija, Alejandra, situada por el juez en «la codirección de la trama», en el primer escalón de la estructura de la organización, por debajo de su padre. Alejandra, que permaneció dos meses bajo arresto domiciliario, era «consejera, administradora y apoderada» de sociedades investigadas.

Al ser excarcelado, el juez obligó a Conde a entregar su pasaporte y le prohibió salir de España, medidas que buscaban evitar que Conde entorpezca la investigación. El exbanquero abonó para ello una fianza de 300.000 euros en metálico , un pago que fue rechazado en un primer momento cuando los hermanos José Ángel y Jaime García Alonso, de la Fundación Francisco Franco, aportaron cuatro fincas tasadas por ellos mismos en 600.000 euros. El juez, con el apoyo del fiscal, no se fió de la valoración y exigió el pago en metálico.