La Audiencia Nacional investigará a Caixabank y Fainé por la compra del portugués BPI

El grupo bancario de origen catalán, que mantenía una participación minoritaria en BPI desde 1995, lanzó en 2016 una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% del banco luso , operación que pese a las dificultades con que se topó culminó con éxito en febrero de 2017, cuando pasó a controlar el 84,5% del capital social de esa entidad. La entidad pagó 644,5 millones de euros por esa adquisición . Los querellantes consideran que, para conseguir rápidamente la financiación necesaria, la alta dirección de Caixabank malvendió su autocartera y su participación en The Bank of East Asia (BEA).

Caixabank tenía una participación del 17,24% en BEA. Según relata el juzgado central de instrucción número 5 de Madrid en sus diligencias previas, en diciembre de 2015 el grupo diseñó y ejecutó un contrato de permuta por el cual traspasó a su matriz, Criteria Caixa, que posee el 100% del banco cotizado, esa inversión en BEA, así como otra del 9,01% en Inbursa. A cambio, Critera pagó a Caixabank con acciones de la propia Caixabank representativas del 9,9% del capital más 642 millones de euros. El traspaso se formalizó el 31 de mayo de 2016.

El precio al que se hizo la permuta de esa participación en BEA no se podía modificar, pese a que posteriormente, como señalan los querellantes, se abrió la posibilidad de una opa sobre el banco con sede en Honk Kong, circunstancia de la que el propio BEA dio cuenta inmediatamente, en enero de 2016, ante el supervisor bursátil de Hong Kong, pero que Caixabank no comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta mayo, ya cerrada la permuta.

La revalorización en Bolsa que las acciones de BEA experimentaron en esos cinco meses no se recogió por tanto en el traspaso de Caixabank a Criteria. Esto supuso que, según se dice en las diligencias previas del juzgado, «Caixabank, y por tanto sus accionistas minoritarios, sufrió un perjuicio de 654,703 millones de euros. Y Criteria obtuvo un beneficio por la misma cantidad» .

La omisión de esa información a la CNMV y el hecho de no revisar el valor de la participación en BEA fueron objeto de preguntas de los accionistas durante la junta general de 2016. Entonces, el consejo de administración del banco defendió que esa información no era lo suficientemente relevante como para ser comunicada, y que tampoco debía actualizarse la valoración dada a la participación.

«Caixabank no pudo beneficiarse del impacto alcista del 17,24% de las acciones de BEA que eran de su propiedad. Esto pudo ocurrir mediante el abuso de información privilegiada y de posición dominante como accionista de control en que Criteria impuso el acuerdo del consejo de administración en la junta general de accionistas de 2016, negando la información solicitada por los accionistas minoritarios y negando cualquier posibilidad de modificación de la valoración de las acciones de BEA, que desde la fecha de la permuta, conforme al diseño urdido por Isidro Fainé y el consejo de administración de Caixabank y demás iniciados, era inamovible», se dice en las diligencias previas.

La entidad financieras, en cambio, defiende que todos los movimientos hechos para tomar el control de BPI se hizo «en cumplimiento estricto de los requisitos legales» y con el conocimiento de los reguladores. Lo cierto es que esa permuta ya fue cuestionada anteriormente por otros inversores, como la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), sin que sus acciones legales prosperasen.

Esas diligencias concluyen que «la finalidad última de la operación fue la participación de Caixabank en la adquisición del banco portugués BPI», para lo cual necesitaba casi 645 millones de euros, sigue el juez, pese a que la reordenación de esas participaciones era parte de la estrategia de La Caixa para reducir su impacto en capital, como exige el BCE. Como fuere , posteriormente Caixabank procedió a vender el 9,9% de las acciones de autocartera recibidas de Criteria, paquete por el cual ingresó 1.322 millones de euros , cuantía inferior a los 2.009 millones en que se valoró en el contrato de permuta anterior. Eso, por tanto, produjo un quebranto a Caixabank de 687 millones, que el banco limitó a 102 millones en sus cuentas anuales de 2017. De forma paralela, Caixabank concedió un crédito de 400 millones a Banco Fomento de Angola, cuya propietaria, Isabel dos Santos, venía frenando la opa del banco española sobre BPI, y el banco portugués vendió a Dos Santos un 2% de las acciones de BFA.

«El resultado aparente ha sido trasvasar valores a sus accionistas de control (Criteria) a cambio del control en BPI y una pérdida millonaria en operaciones de autocartera», remata el juzgado. La investigación, ahora en manos de la Audiencia, se dirige, además de contra Caixabank, Fainé y Gortázar, contrael presidente de BEA, David K.P. Li ; y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado , Óscar Calderón , Antonio Massanell y Juan Antonio Álvarez .