La asociación de consumidores Adicae denuncia al FROB por la venta del Popular

Según consta en el escrito, el proceso de subasta seguido por el FROB "no fue correcto ni transparente" y confirió "ventajas a la entidad, que a la postre resultó adjudicataria", en alusión al Banco Santander, que el pasado 7 de junio se hizo con el Popular por el simbólico precio de un euro.

Adicae justifica su recurso tanto en la protección de los inversores, pequeños accionistas y tenedores de deuda convertible en acciones del Popular que han visto como sus ahorros "se han volatilizado", como en el "propio interés general de vigilancia" del buen funcionamiento del sistema financiero español.

Según el escrito, "no resulta muy lógico, ni ajustado a la legalidad" que el hecho relevante por el que el Santander anunció la operación de compra estimara que los recursos de los clientes ascendieron a unos 96.000 millones de euros en 2016 , y que, sin embargo, no fueran suficientes para haber buscado soluciones alternativas a la pérdida total de la inversión.

Una fórmula que critica al considerarla desacertada, al igual que las últimas ampliaciones de capital efectuadas por la entidad "a sabiendas del riesgo que suponía" y de las "manifiestas incertidumbres acerca de su situación económica".

Por ello, carga contra la "actitud pasiva" del Consejo de Administración y recuerda que el Popular "no está así por sus errores recientes, sino que su deterioro se ha ido gestando durante los últimos años" , con activos hipotecarios "problemáticos" valorados en más de 35.000 millones de euros y créditos morosos por valor de 17.000 millones.

La asociación que preside Manuel Pardos también se interesa por la imposición de medidas cautelares que llevarían a la "paralización inmediata de los efectos de la actuación del FROB ", aunque no llega a formularla al carecer de la capacidad económica para afrontar las "cifras exorbitantes" de la fianza.

Adicae ya ha anunciado, a través de un comunicado, que ultima una batería de acciones civiles y penales contra el Popular , así como otro recurso contencioso-administrativo, esta vez contra la Junta Única de Resolución (JUR) europea, autoridad creada en 2015 y que decidió que la venta era la mejor forma de proteger a los depositantes dados los problemas de solvencia del banco