Rajoy y Báñez citan a Rosell, Toxo y Méndez para pactar la nueva ayuda a los parados

Mariano Rajoy se comprometió el pasado mes de julio con estos mismos interlocutores a aprobar antes de que acabara el año este subsidio de modo que no haya en España ningún hogar sin ingresos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de 750.000 hogares que no reciben ingresos (rentas del trabajo, subsidios o pensiones), y en teoría este sería el colectivo susceptible de beneficiarse de esta medida. No obstante, fuentes del Ejecutivo explican que la cifra de beneficiados será muy inferior a esta, ya que para poder acogerse a la ayuda no deben recibir ningún subsidio ni estatal, ni autonómico, ni local, no deberían tener ningún tipo de rentas, no solo del trabajo o prestaciones, tampoco de alquileres de inmuebles, u otras rentas de la propiedad. Además, la ayuda no se dará a personas que nunca hayan trabajado, sino a parados de larga duración y estará ligada a la búsqueda activa de empleo y, por tanto, a la formación. De este modo, se trata también de evitar que personas que trabajen en la economía sumergida se puedan beneficiar de la misma.

El objetivo del Gobierno, además, es que la ayuda se centre en personas con cargas familiares. Tras seis años de crisis, son muchos los parados que han perdido su prestación y aunque se empieza a recuperar el empleo, los desempleados de larga duración siguen aumentando.

Los datos hechos públicos ayer ponen de manifiesto el fuerte descenso en los gastos por prestaciones. Entre enero y octubre el desembolso ha sido de 20.734 millones de euros, lo que supone un descenso de más de 4.400 millones respecto al mismo periodo del año anterior. O lo que es lo mismo, el gasto se ha reducido en más del 17%. Esta evolución hace prever, además, que el ahorro respecto al Presupuesto del Estado será considerable. En las cuentas de 2014 se reservaron más de 29.700 millones para pagar las prestaciones por desempleo. Si tenemos en cuenta que el gasto de los últimos meses está ligeramente por encima de los 1.900 millones, es de prever que el año se cerrará con un gasto total inferior a los 24.700 millones, lo que significará un gasto 5.000 millones inferior al previsto. La caída del gasto no se debe solo a la mejora del mercado laboral, sino especialmente a que baja el nivel de cobertura. Si en octubre de 2012 un 63% de los parados cobraba prestación, un año después solo lo hacía el 60%, y hoy lo hacen un 57,31%.