Caja Madrid: más de cuatro millones en tarjetas «B» en los peores años de la crisis

El uso de ese dinero sin justificar ni declarar fue aumentando progresivamente desde que los directivos empezaron a usar las tarjetas «opacas». En 2003, primer año detallado en la auditoría interna hecha por la actual dirección de Bankia y que ha descubierto el escándalo, los gastos conjuntos de esos directivos fueron de 1,070 millones. Y no se reducen hasta 2010, cuando los 21 consejeros ejecutivos y directivos de la entidad echan el freno drásticamente, pasando de 658.400 a 466.400 euros anuales.

No sucedió lo mismo con los 65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control, que siguieron tirando de sus tarjetas de crédito ajenos al entorno macroneconómico y financiero. Así, al cierre de 2011, a cinco meses de la nacionalización de BFA-Bankia, las cuentas del grupo registraron el mayor cargo anual de esos ejecutivos: 1,066 millones. Es más, 28 de ellos siguieron usando su tarjeta hasta ocho meses después de cesar de sus cargos y abandonar la entidad. Incluso cinco personas (tres directivos de Caja Madrid, uno de la Fundación y otro de Caja Madrid Cibeles jubilado en 2010) ligadas en su día a Caja Madrid pero nunca a Bankia disponían de tarjetas con gastos asociadas a BFA-Bankia.

La actual dirección del grupo, el FROB y la Fiscalía tiene claro el «modus operandi». Según la investigación iniciada por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri a su llegada a la presidencia del banco, estas tarjetas se crearon a principios de la década pasada, bajo la dirección de Miguel Blesa. Su número dos, Ildefonso Sánchez-Barcoj, se encargaba de gestionarlas.

«Las comunicaciones sobre las concesiones de nuevas tarjetas o modificaciones de límites asociados a las mismas eran gestionadas a través de las secretarias de Ildefonso Sánchez-Barcoj, quienes dirigían estas peticiones al departamento de tarjetas», se describe en el informe hecho por Bankia. Al respecto, una evaluación jurídica realizada por la firma de abogados Herbert Smith Freehills añade cómo ese sistema de tarjetas de crédito estaba fuera del conocimiento y la gesitón del departamento de recursos humanos, lo habitual en las empresas.

Para que los conceptos de esos gastos personales (retirada de efectivo en cajeros, compras en Mercadona, viajes, restaurantes, tiendas de lujo, entre otros) no apareciesen como tal en las cuentas y escapasen de todo control, la dirección de la caja los camuflaba en dos partidas diferentes. Bajo el título «gastos de órganos de gobierno» se incluían los cargos de los miembros del consejo de administración y la comisión de control por su tarjeta «Business Plata EMV». Los gastos de los consejeros ejecutivos y directivos, que disponían de una «Business Oro EMV», se registraban en otro epígrafe denominado «tratamiento administrativo circular 50/99». Las liquidaciones eran además anotadas manualmente por el área de contabilidad.

Solo tres de los 86 exdirectivos que contaban con ese tipo de tarjetas de crédito no las llegaron a usar jamás. Se trata de Félix Manuel Sánchez Acal, de UGT, y los directivos Iñigo María Aldaz y Esteban Tejera. Que algunos ejecutivos rechazasen su uso lleva al FROB y a Herbert Smith a pensar que «era posible advertir lo indebido de un uso personal o impropio».

El hecho de que cuatro exdirectivos hayan devuelto además parte de lo que gastaron hace pensar también que eran conscientes de que el uso de esas tarjetas era fraudulento. Al detectar que esos gastos no estaban justificados en las cuentas del grupo, Bankia contactó con directivos de los que constaban gastos en 2011 y 2012 (etapa de BFA-Bankia, posterior a Caja Madrid) solicitándoles que los explicasen. Ante la imposibilidad de hacerlo, Sánchez-Barcoj, Rodrigo Rato, Marías Amat y José Manuel Fernández Norniella devolvieron 200.000 euros. Aún no han devuelto, entre los tres, 950.200 euros que gastaron antes del nacimiento de Bankia.

En la época de Caja Madrid previa a la fusión se gastaron 15,25 millones y el FROB, esto es, el Estado, máximo accionista del grupo, está dispuesto a reclamarlos. Según ha podido saber ABC, sus servicios jurídicos ya estudian el tiempo y la forma en qué hacerlo.