Pensiones, la reforma permanente ya está aquí

Detrás de este nuevo factor de sostenibilidad se esconde una compleja fórmula matemática para calcular las nuevas pensiones que utilizará la esperanza de vida en ese momento, se aplicará de una sola vez y se revisará cada cinco años. ¿Objetivo? Que a igual contribucion durante la vida laboral, se reciba lo mismo durante la etapa de jubilado . Y como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas, aunque desde el Ministerio de Empleo se insiste en que la renta total percibida será similar a la recibida por los pensionistas anteriores, dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años.

La reforma de pensiones de 2011 preveía la creación de este factor de sostenibilidad para el año 2027 y que actuara por primera vez en 2030. Pero esos plazos tan largos no gustaron ni en Bruselas ni en Alemania, donde un mecanismo muy similar funciona desde 2005. El Gobierno tomó nota entonces y una comisión de expertos elaboró una propuesta de reforma con la recomendación de que ese factor comenzara a aplicarse lo antes posible, como muy tarde en 2019. Esta fecha fue la elegida por el Ejecutivo para unos cambios que comenzarán a aplicarse el 1 de enero una vez aprobada la reforma por las Cortes.

Los nuevas modificaciones que llegan comenzaron a cocinarse cuando aún no había entrado en vigor la reforma diseñada por el Gobierno de Zapatero, que alarga desde 65 a 67 años la edad legal de jubilación. ¿Por qué dos reformas tan seguidas? La alarma la daba hace un año Bruselas . Alertó de que la reforma que entró en vigor el 1 de enero se quedaba corta y pedía castigar las jubilaciones anticipadas, adaptar el sistema a la esperanza de vida y acelerar el factor de sostenibilidad. Las prisas respondían a la necesidad de recortar el gasto en pensiones en un momento en el que menos cotizantes y más pensionistas abren un agujero en las cuentas de la Seguridad Social.

El pasado 19 de diciembre el Congreso aprobó definitivamente la nueva normativa tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, donde los partidos de la oposición han defendido, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.

Estas son las claves de una reforma que se estima «absolutamente necesaria» para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas en 2050:

La reforma tiene dos novedades principales. La primera de ellas consiste en un cambio en el sistema de revalorizar las cuantías de los nueve millones de pensiones actuales. Esto, por tanto, afecta a todos los pensionistas actuales y a los futuros. La segunda de las novedades es la creación de un factor de sostenibilidad, que ajustará la cuantía inicial de las futuras prestaciones de jubilación a la esperanza de vida. Este último cambio afectará también a todas las nuevas pensiones que se den de alta a partir del 1 de enero de 2019. Las pensiones que ya se están cobrando y todas las que vayan dándose de alta hasta esa fecha no se verán retocadas por este ajuste en el sistema.

Desde el 1 de enero de 2014 las pensiones subirán de acuerdo con un nuevo índice de actualización que fijará en qué cantidad deben hacerlo cada año a partir de ahora. Esta cuantía será el resultado de una fórmula matemática que tendrá en cuenta la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, la inflación media y la diferencia entre altas y bajas del sistema. Para este cálculo no se tendrá en cuenta solo un año, serán once, los seis ejercicios anteriores y cinco posteriores.

El objetivo de aplicar esta fórmula con cifras de un largo periodo de tiempo, explica el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, es poder anticiparse a las crisis y evitar oscilaciones bruscas en la evolución de las prestaciones. «Si se hubiese aplicado en 2007 y 2008 hubiéramos tenido más margen de maniobra», apunta Burgos. Y es que el sistema de la Seguridad Social acumula ya cuatro años de números rojos y desde el año pasado el Ejecutivo ha tenido que recurrir al fondo de reserva para pagar las prestaciones.

Desde 1997, l as pensiones se han revalorizado anualmente según el IPC de noviembre. Así, los pensionistas recibían cada enero una paga única que les compensaba la diferencia entre el aumento aplicado por la previsión de IPC del año anterior y el IPC real de noviembre. Y esa cantidad se incorporaba para siempre en las nóminas de los jubilados. De hecho, el Gobierno calcula que el 27% de la nómina total del gasto en pensiones es atribuible a las sucesivas revalorizaciones anuales. Si el IPC de noviembre era inferior a la subida aplicada al inicio del año y los pensionistas no tenían que devolver la diferencia.

La subida mínima de las jubilaciones será siempre, como mínimo, del 0,25% anual y ya se aplicará a las jubilaciones el año que viene (la pensión máxima subirá 6,3 euros en 2014 y las mínimas, entre 0,5 y 3 euros). Y para los años de bonanza económica el incremento máximo para las pensiones se ha fijado en el IPC más el 0,50%. Esto quiere decir que en un futuro las pensiones ni bajarán ni se podrán congelar. La aplicación del nuevo índice implicará una subida de pensiones en una cuantía inferior a la que se aplicaría si las prestaciones subieran con el IPC, lo que explica un ahorro superior a 800 millones para las deterioradas cuentas de la Seguridad Social en el primer año de aplicación de la reforma.

¿En qué consiste el factor de sostenibilidad que se aplicará desde 2019? Será un coeficiente que se activará en el momento de calcular la primera pensión de los nuevos jubilados a partir del 1 de enero de 2019. Este coeficiente se sumará a los parámetros ya existentes para calcular la pensión inicial (edad de jubilación, número de años cotizados, cantidad aportada etc.) y relacionará la cuantía de la prestación con la esperanza de vida del perceptor en el momento de cumplir la edad legal de jubilación. Este factor se revisará cada cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida cada lustro.

¿Quién se encagará de calcular la subida anual de las pensiones? ¿Y el factor de sostenibilidad? Ambos índices serán elaborados por el Ministerio de Empleo y posteriormente supervisados por la nueva autoridad fiscal, un organismo de nueva creación dependiente del Ministerio de Hacienda.

El factor de sostenibilidad se aplicará a aquellos pensionistas que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019. Se trata de ajustar la pensión inicial de jubilación a la variación de la esperanza de vida, de manera que el valor de la prestación que recibirá a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema a partir de la aplicación del factor , sea equivalente al del valor de la pensión que recibirá quien se jubile con anterioridad. Así, en 2019 se tendrá en cuenta la evolución de la esperanza de vida en los cinco ejercicios precedentes, de modo que se puedan calcular las correspondientes tablas de mortalidad sobre datos ciertos, en este caso de los ejercicios 2012 a 2017. Se deja un año de decalaje para poder tener ya las cifras cerradas.

El Gobierno calcula que la entrada en vigor del nuevo índice de revalorización de las pensiones permitirá ahorrar a las cuentas de la Seguridad Social algo más de 809 millones de euros, cantidad que se irá incrementando a medida que avancen los ejercicios para estabilizarse en el entorno de los 5.000 millones en 2019 y sucesivos, cuando se aplique en su integridad la reforma. El ahorro acumulado que se ha estimado hasta el año 2022 se acerca a los 33.000 millones de euros.

Los ahorros serán muy bien recibidos por la Seguridad Social, pero no impedirán que el gasto en pensiones siga creciendo en los próximos ejercicios, dado que cada año unos 300.000 nuevos pensionistas se incorporan al sistema público, con prestaciones más altas que las actuales y con una esperanza de vida mayor. Estas nuevas medidas, por tanto, lo que hacen es introducir un factor de contención del incremento de ese gasto público.

Aunque habrá que esperar a 2019 para tener las cifras definitivas, según las tablas de mortalidad que se barajan en estos momentos, la aplicación de este factor supondría un recorte de la pensión anual de un 0,47%. Así, a igualdad de cotizaciones, si un pensionista que se jubila en 2018 cobra una pensión mensual de 1.000 euros; el que lo haga en 2019 cobraría 995,3. Este porcentaje de reducción se aplica solo una vez en la vida del pensionista, y es en el momento de calcular la prestación. Además ese mismo descuento se aplicaría durante cinco años, entre 2019 y 2023. Serían ya los pensionistas que se jubilen en 2024 y años sucesivos los que sufrirían un nuevo recorte de la pensión mensual, aunque en el conjunto de su vida como jubilado cobre lo mismo.

El Gobierno justifica el aplazamiento de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2019 en que así se da tiempo a los futuros pensionistas a planificar sus prestaciones. Pueden cotizar más años, ahorrar en planes privados y, en definitiva, tomar medidas para planificar su jubilación.

Menos cotizantes y más pensionistas . Es la situación que desde 2010 lleva afrontando la Seguridad Social, lo que ha obligado a recurrir en más de una ocasión desde que comenzó la crisis a la «hucha de las pensiones». Hoy, el fondo se sitúa en 53.743,98 millones de euros, el 5,22% del PIB después de que durante 2012 y 2013 el Gobierno se haya visto obligado a tomar 23.631 millones de la «hucha de las pensiones» (4.980 del fondo de prevención y rehabilitación de las mutuas y 18.651 millones del fondo de reserva).

Los números rojos acumulados por la Seguridad Social sumarán 36.500 millones en 2016 y en 2050, tres de cada diez españoles serán mayores de 65 años, según las previsiones del Ministerio de Empleo, entre las que se incluye que en 2022 por cada diez personas en edad de trabajar haya seis potencialmente inactivas; en 2040 por cada persona en edad de trabajar habrá otra en edad de no hacerlo. Y en 2050 los mayores de 64 años representarán el 37% del conjunto de la población, 20 puntos por encima del porcentaje actual, el 17%.