La primera gran privatización de Artur Mas se enreda en una batalla legal

La resolución del órgano del gobierno catalán encargado de velar por la correcta tramitación de los contratos públicos es el último episodio en la pugna abierta por Agbar en contra de la adjudicación a Acciona de la gestión de ATLL, que esta compañía se llevó al presentar una mejor oferta económica. La Generalitat estudia el alcance jurídico de la decisión, que cuestiona una privatización clave, además, para que el gobierno catalán puede cerrar el ejercicio de 2012 con un cifra de déficit que no se aleje mucho del 1,5% al que obliga el Gobierno a las comunidades autónomas. La adjudicación a Acciona de ATLL, que se resolvió cuando el gobierno catalán ya estaba en funciones y entró en vigor el pasado 1 de enero, implicó un pago inicial de 300 millones de euros, mientras que los 700 millones restantes se entregaban a lo largo de los 50 años de duración de la adjudicación. Pese a ello, el Gobierno autorizó a la Generalitat a poder descontar los 1.000 millones del contrato en este ejercicio.

Fuentes de Acciona, en declaraciones a Ep, mostraron su disconformidad con la resolución, subrayando que su oferta «cumple escrupulosamente» con las condiciones del concurso y añadieron que el contrato firmado es válido y sigue plenamente vigente. Agbar ha emprendido diversas medidas judiciales contra la adjudicación, al considerar que la propuesta ganadora es inviable económicamente porque infravaloró los costes de la gestión, y que la tarifa que propuso Acciona no será suficiente para hacer sostenible la ATLL.