Los artistas británicos, en pie de guerra ante la intención del gobierno de flexibilizar los derechos de autor para entrenar a la IA

La propuesta, presentada oficialmente para consulta pública, permitiría que empresas tecnológicas como Google y OpenAI accedan libremente a contenido protegido por derechos de autor para el entrenamiento de modelos de IA. Según el gobierno, esta flexibilización legal tiene como objetivo estimular el desarrollo del sector tecnológico, que es visto como un motor clave para el crecimiento económico del Reino Unido. Sin embargo, los representantes de la industria creativa, que genera anualmente 126 mil millones de libras esterlinas, consideran que la medida pone en peligro su supervivencia.

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Uno de los aspectos más controvertidos es el sistema de «reserva de derechos» propuesto por el gobierno. Según esta disposición, los creadores que no deseen que sus obras sean utilizadas deberán realizar un proceso de exclusión voluntaria, un mecanismo que muchos consideran inviable. Ed Newton-Rex, compositor y activista por los derechos de los creadores, calificó este sistema como «totalmente injusto», argumentando que los artistas individuales carecen de los recursos para gestionar estas exclusiones de manera efectiva.

Figuras destacadas de la industria musical, como Paul McCartney, han expresado su preocupación por el impacto devastador que podría tener esta medida en el futuro de los creadores emergentes. McCartney advirtió que la IA podría «apoderarse» del sector creativo, dejando a los jóvenes compositores y escritores sin oportunidades para desarrollar sus carreras, y considera necesarias regulaciones más estrictas que protejan los derechos de autor.

Beeban Kidron, miembro de la Cámara de los Lores y defensora de los derechos de los creadores, se mostró profundamente decepcionada con la propuesta gubernamental. Según ella, el gobierno está dispuesto a entregar «la creatividad y los medios de subsistencia de un sector que aporta 126 mil millones de libras esterlinas anualmente a la economía británica.» Sus preocupaciones son compartidas por más de 37.000 profesionales creativos, incluidos músicos como Kate Bush y Thom Yorke, y escritores como Stephen Fry, quienes firmaron una declaración denunciando el uso no autorizado de sus obras como una «amenaza injusta».

En el sector editorial, la Asociación de Editores y la Asociación de Medios de Noticias también han levantado la voz. Dan Conway, director ejecutivo de la Asociación de Editores, señaló que «no se ha presentado ningún caso objetivo para una nueva excepción de derechos de autor» y criticó la falta de un proceso sólido de reserva de derechos. Owen Meredith, director ejecutivo de la Asociación de Medios de Noticias, insistió en que los editores deben mantener control sobre cuándo y cómo se utiliza su contenido, y recibir una compensación justa.

El gobierno, por su parte, se ha comprometido a imponer mayores requisitos de transparencia a las empresas de IA. Estas deberán revelar qué contenido utilizan para entrenar sus modelos, cómo lo obtienen y qué generan con él. Sin embargo, los detalles sobre cómo se implementarán estas regulaciones siguen siendo inciertos, y muchos temen que los grandes conglomerados tecnológicos puedan eludir las normas.

La consulta pública también explorará la posibilidad de introducir un «derecho de personalidad» similar al modelo estadounidense, que protegería a las celebridades de que su voz o imagen sean replicadas por sistemas de IA sin su consentimiento. Este tema cobró relevancia después de que Scarlett Johansson enfrentara a OpenAI por desarrollar una asistente de voz supuestamente basada en ella.

Desde el sector tecnológico, la organización TechUK, que representa a empresas tecnológicas, acogió con satisfacción la propuesta, argumentando que podría desbloquear nuevas oportunidades de negocio y fomentar la innovación. Sin embargo, las empresas tecnológicas se muestran más reticentes a aceptar reglas de transparencia estrictas por razones comerciales.

Chris Bryant, responsable de Protección de Datos, defendió la propuesta como un «win-win» (ganar-ganar) para ambas partes. Según él, la intención es crear un marco legal que permita más licencias de contenido y nuevas fuentes de ingresos para los creadores. No obstante, reconoció que el proceso de exclusión voluntaria es actualmente «muy difícil» y necesita ser mejorado.