SGAE: La entidad con peor prensa de España

«Hemos creado un coro enorme de gente en contra», reconoce Javier Trujillo, director comercial de la SGAE. «Estamos preocupados, porque combatir esa demonización no es tarea fácil. Lo cierto es que no hay sector económico en este país con el que no tengamos un pacto, y la inmensa mayoría colabora sin problemas; los casos polémicos constituyen una minoría, pero alcanzan una enorme repercusión en los medios de comunicación». Así ha ocurrido este agosto con el pulso con Fuente Obejuna a cuenta de la representación del clásico de Lope de Vega en el pueblo cordobés. Después de algunos titulares ocurrentes («Todos a una contra la SGAE») se supo que el adaptador de la obra, Fernando Rojas, no es miembro de la entidad, así que ahí no había nada que rascar; la reclamación de 31.000 euros al Ayuntamiento corresponde a diversas actividades culturales (fiestas, conciertos, bailes) celebradas desde 1998 con material de gente asociada, un asunto pendiente que ambas partes tendrán que dirimir. Pero fue el levantamiento del pueblo contra «los malos» lo que saltó a los medios, para disgusto de «los malos», por supuesto, y satisfacción de los demás actores: la alcaldesa de Fuente Obejuna y el adaptador de la pieza teatral, que asegura que antes de la trifulca ni podía soñar con el éxito obtenido.

Canon digital

—Oiga, ¿por qué tengo que pagar el canon por un CD que utilizo para guardar mis fotos familiares?

Esta sencilla pregunta ha terminado por convertirse en la semilla del odio hacia el canon digital, sobre todo por la versión corta de la explicación: «Por si acaso». La imagen del ciudadano «sospechoso» ha calado. Y ha indignado sobremanera. «Fijar una obra en un soporte es una acción sujeta a derechos», explica Javier Trujillo en lo que quiere ser una versión larga de la respuesta. «El legislador establece un límite a esos derechos cuando se trata de una copia privada; a cambio, introduce una compensación con un gravamen al soporte virgen. Por supuesto que se tiene en cuenta el almacenaje de imágenes, pero, seamos serios, en el caso de preguntar todo el mundo diría que compra los CD para las fotos de sus hijos, porque vivimos en el país de la picaresca. Hay estudios que demuestran que entre el 70 y el 80 por 100 de esos soportes se utilizan para grabar música y películas». Según la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (AETIC), la industria facturó el año pasado cien mil millones de euros en nuestro país por la venta de dispositivos (CD, discos duros, reproductores de mp3...). «La compensación por copia privada supuso 78 millones, es decir, menos de un 0,1 por 100», añade el director comercial de la SGAE.

Las nuevas tecnologías y mensajes del tipo «el valor de los contenidos tiende a cero» han contribuido a la percepción de la SGAE como «enemigo de la cultura libre». «Internet es el paradigma de la libertad, donde los jóvenes encuentran un mundo ilimitado», continúa Trujillo. «Mientras la piratería física pierde fuelle, el intercambio de ficheros va en aumento. La cultura libre está muy bien, pero cuando sea libre la leche, el pan, la carne, la luz, el agua...».

La red se ha convertido en el campo de batalla de los defensores y detractores de la fórmula de cobro. Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en IE Business School, es uno de los principales «látigos» de la gestora. Sus intercambios de golpes con Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, son de sobra conocidos. Dans culpa a la SGAE de ser «uno de los principales responsables del retraso tecnológico español en virtud del miedo que inspira a los usuarios». En su opinión, el papel que está teniendo en el desarrollo de las reglas del juego es tan relevante «que la ley se construye perfectamente a su medida». En este contexto, Dans se muestra muy crítico con el nombramiento de Ángeles González Sinde como ministra de Cultura. «El Gobierno obedece a una petición de Estados Unidos para controlar más el tráfico en internet, porque la industria de la cultura es allí muy importante y quieren ganar tiempo para repensar los modelos. Allí y aquí pugnan tres lobbies poderosísimos, el de los derechos de autor y la industria, el de las telecomunicaciones y el político, siempre interesado en controlar la información. Si esos grupos de presión ganan, habrá un nuevo internet, quizá como una televisión de pago, en el que sólo unos pocos tengan acceso a determinados contenidos. Pero enfrente está un mundo refractario a toda regulación, y, sobre todo, está el hecho de que nadie ha conseguido parar el tren de la tecnología».

Simona Levi, miembro de EXGAE, asesoría legal especializada «en librar a los ciudadanos de los abusos de la SGAE y demás entidades de gestión», cree que «un sistema basado en amedrentar al público tiene, al final, consecuencias negativas para lo que dice defender, que es la cultura española. No nos oponemos a los derechos de autor, pero sí a esa obsesión enfermiza de querer sacar tajada a todo».

Canon digital. Pero también conciertos, representaciones teatrales y circenses, bailes de ferias o fiestas patronales, discotecas, comercios, transporte público, bodas, bautizos, comuniones... Que la SGAE toque todos los palos saca de quicio a mucha gente. «En Sevilla hay un local de famoseo que organiza bodas», relata Javier Trujillo, de la SGAE. «La competencia pagaba, ellos no: “Demuestren que usamos su repertorio”. Enviamos inspectores a un evento y lo demostramos. Nos condenaron a pagar 60.000 euros por asalto a la privacidad, aunque una instancia superior nos absolvió después. ¿Merece la pena meterse en estos follones? Creo que sí, porque lo contrario sería pecar de arbitrarios».

Y luego están los recitales benéficos. Último escenario: Béjar. Hace unos días, la Asociación Cultural Abejarock organizó un concierto para recaudar fondos de ayuda al pueblo saharaui. «La SGAE se llevó 513 euros, una cantidad ridícula para ellos, pero importante para los saharauis», dice Alberto Sánchez, presidente de Abejarock. «Luego han intentado lavarse la conciencia regalándoles guitarras. ¿Para qué diablos quieren guitarras en el desierto?».

El caso Traxtore

Ana María Méndez regenta Traxtore, una pequeña tienda de informática en Barcelona. Su caso no es el único, pero sí el más conocido por los hostiles a la SGAE (www.sgaecontratraxtore.com). A principios de 2004 le exigieron 44.000 euros por el canon digital. Ana María se siente víctima de la «pinza» entre la SGAE y algunas empresas mayoristas que actuaron con poca profesionalidad. «La pesadilla que estamos viviendo tiene su origen en la primera sentencia contra un gran distribuidor, Traxdata, que le exige pagar el canon por los CD vendidos entre 1997 y 2000. La Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec) tuvo que firmar un acuerdo con las entidades de gestión para fijar unos importes y la no retroactividad. La SGAE me advirtió mediante circulares que a partir de septiembre de 2003 los mayoristas me aplicarían el canon, pero no lo hicieron. En aquella época muchos de ellos ofrecieron a las tiendas restos de stock asegurándoles que estaban exentos del pago. En ese periodo se vendieron millones de CD y DVD vírgenes. Y cavamos nuestra tumba. En vez de ir a por los verdaderos culpables, la SGAE envió una auditora para analizar mis libros. Luego recibí un cochambroso documento Excel con la factura. Entonces se “apiadaron” de mí y me ofrecieron rebajas e, incluso, la posibilidad de pagar en cómodos plazos. Me negué y el asunto acabó en los tribunales».

En junio de 2007 el juez dictó sentencia favorable a la SGAE. Los responsables de Traxtore presentaron recurso, que a día de hoy está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Entretanto, Ana María Méndez ha creado la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (www.apemit.org) «para intentar ayudar a los comerciantes que están pasando por lo mismo. Más del 40 por 100 de los pequeños negocios del ramo han tenido que echar el cierre».

«¿Por qué los medios no informan de que la SGAE va a rendir próximamente un tributo al compositor cubano Leo Brouwer en su 70 aniversario? ¿Por qué no interesan las actividades culturales que patrocinan nuestros asociados (www.sgae.es)?», se preguntan desde la organización. «¿No pagamos por la luz? Pues la cultura no es algo que llueva del cielo. Los autores viven de esto. No son unos vagos ni unos privilegiados, ni están obligados a sudar sobre un escenario como dicen sus detractores. Ponen un producto en el mercado. Nadie está obligado a usarlo, pero sí a pagarlo si finalmente lo hace. No estaría mal que se enseñara en las escuelas», afirma Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, la asociación que defiende los intereses de los productores de música españoles. ¿Soluciones? «Más pedagogía, más cintura y menos politización del asunto», concluye Guisasola. Para Ana María Méndez, de Traxtore, «acabar con la voracidad y no retorcer el derecho hasta la náusea. No se puede perseguir cada céntimo de euro hasta en tiendas de chucherías que tienen puesta la radio». Amenización musical lo llaman.