Los partidos miran al Ministerio de Cultura, que debe supervisar la fundación

«Habría que intervenir el patronato », dijo ayer García a ABC. «La Consejería de Cultura asturiana puede solicitarlo. Vamos a presentar una iniciativa aquí y en el Congreso para que la Junta General inste al Ministerio de Cultura a investigar qué está pasando con la Fundación Selgas-Fagalde. El Ministerio, a través del protectorado, tiene que controlar esas actividades. Nos da la impresión de que la Fundación se está convirtiendo en algo que no debería ser».

El artículo 21.1 de la Ley de Fundaciones dispone que la enajenación de bienes como la obra de Goya requiere «la previa autorización del Protectorado , que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada». Aunque sea una entidad privada, la Fundación Selgas-Fagalde debe atenerse a estas directrices al haberse adscrito a la competencia estatal. Es responsabilidad de Cultura «velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la consecución del interés general».

Y en caso de que el Protectorado «encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación, dictará resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente».

Como ha informado este diario, las hermanas Fagalde constituyeron en 1991 la Fundación con el objetivo de conservar todo el patrimonio artístico que los Selgas atesoraron en el siglo pasado. En los estatutos constituyentes estipularon que la colección artística, entre otros bienes, tenían carácter de «no enajenable».

A finales del año pasado, el patronato de la Fundación, donde la Consejería de Cultura tiene voz y voto, aprobó la venta de un cuadro de Goya y otro de El Greco para solucionar las dificultades económicas derivadas de dos operaciones inmobiliarias por valor de 28 millones de euros en 2006. Una de ellas, la compra de un hotel por 20,3 millones, tuvo como beneficiarias dos empresas en cuyos consejos de administración se sienta Gregorio Peña, presidente de la fundación.

Para el PP, la petición de una auditoría hecha por la consejera socialista Berta Piñán es insuficiente . «Es una manera de salir del paso. Es imprescindible investigar las cuentas y las inversiones que se han hecho. Todo esto ha ocurrido con representantes de un Gobierno socialista en el Principado. Hasta ahora no se ha movido nada. Este oscurantismo no se lo merecen los asturianos ni los Selgas-Fagalde». García recordó que Gregorio Peña, presidente de Selgas-Fagalde, presumía en 1994 de que la entidad que preside era la fundación privada con más patrimonio de España y ahora tiene una deuda superior a los 7 millones de euros.

La consejera de Cultura (PSOE), ante la llamada de este diario, no quiso hacer declaraciones . Se mantiene en su petición de una auditoría. Los asturianos se quedarán sin saber si el Gobierno regional tiene previsto investigar si hay delito en la compra de un hotel de Sevilla a dos empresas relacionadas con Peña o la adquisición de acciones de la empresa editora del máximo responsable del patronato. Tampoco quiso aclarar por qué en junio votó en contra de unas cuentas que sí avaló en 2019, en las que ya se incluían estas polémicas operaciones.

Foro Asturias no descarta pedir la dimisión de Berta Piñán por su dejación de funciones en este caso. «El oscurantismo de los patronos públicos no es menor que el de la fundación. No descarto que la consejera tenga que asumir responsabilidades políticas , pero lo urgente es garantizar que la fundación cumpla sus objetivos y se blinde el patrimonio», dijo Adrián Pumares, portavoz de Foro.

«Esto viene de muchos años atrás . Voy a pedir las actas de las reuniones donde se compró el hotel, para ver qué dijeron los patronos públicos. No es solo la consejera actual. ¿Hacia dónde han estado mirando los patronos todos estos años? Da la impresión de que también el Ministerio de Cultura está mirando para otro lado », añadió Pumares. «Hay que dirimir por la vía judicial si en las operaciones del patronato hay delito penal».

Desde Ciudadanos, el portavoz de Cultura en el Congreso de los Diputados, Guillermo Díaz, denunció «la clamorosa dejación de funciones del Gobierno del Principado respecto a una entidad que gestiona un patrimonio cultural nada desdeñable, y que en muchas ocasiones ha demostrado falta de transparencia y escasa capacidad de aprovechamiento de esos bienes».

Ciudadanos, que pidió en la Junta General la reprobación de la consejera por su papel en el escándalo, calificó de «dudosa» la gestión de los responsables de la Fundación Selgas-Fagalde y lamentó «la falta de control del Gobierno asturiano sobre esta entidad».