Imputadas 14 televisiones por corrupción en «la rueda» de la SGAE

El punto de partida del sistema son estas canciones, melodías registradas como si fuesen obras nuevas «sin variación alguna de la auténtica y original en la mayor parte de los casos» o «con ligeras modificaciones», a nombre de los implicados, de personas de su entorno o sociedades creadas a tal fin. Las piezas sonaban en bucle en televisión en horario nocturno generando derechos de autor para quienes las tenían registradas. Estos, según los investigadores, actuaban «en connivencia con trabajadores de productoras» de televisión a quienes abonarían «comisiones para que su repertorio se difundiera con preferencia».

Tras constatar este «modus operandi» durante la instrucción, el juez, a instancias de la Fiscalía, va un paso más allá y concluye que esta actividad delictiva «no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se emiten los repertorios musicales que generan los referidos beneficios económicos», sobre todo, porque «su intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de los investigados». Se refiere a lo que denomina « retorno », otro giro más en «la rueda» por el que si a final de año las televisiones registran canciones que ellas mismas emiten, «deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra total que abonan a la sociedad de autores». «Ellos suelen quedarse con el 50% de esos derechos y el otro 50% es el que da entrada a compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias», concreta el juez.

De este modo, unos fabrican e inscriben las obras, otros gestionan «con intermediarios» la contratación de su emisión en programas nocturnos de audiencia mínima y las cadenas «contratarían las obras como editorial» para así recuperar «buena parte del montante que tenían acordado pagar a SGAE por la emisión del repertorio de sus asociados».

Moreno destaca que al margen de la responsabilidad penal que pudieran tener estas personas, las cadenas deben acudir al procedimiento imputadas como personas jurídicas ya que «no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador».

En este sentido, destaca que de la investigación realizada hasta la fecha se desprende tanto la inexistencia de instrumentos para «instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente» como «indicios que evidencian una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación» por los que debe pedir cuentas a las cadenas ahora investigadas. Se trata de Atresmedia, Mediaset, RTVE y las autonómicas de Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia, Aragón, Baleares, País Vasco, Madrid, Canarias, Castilla y León, y Castilla-La Mancha. Todas tienen cinco días para designar representante y buscar un abogado.