Por qué la SGAE ha sido expulsada durante un año de la asociación mundial de entidades

La entidad española tiene acuerdos para cobrar derechos del repertorio internacional que pertenecen a las entidades asociadas, llamados contratos de reciprocidad. Pero la falta de controles y la evidencia de que con el escándalo de la Rueda de las TV esos repertorios reciben cada vez menos dinero ha terminado arrojando a la SGAE al abismo.

El castigo, la expulsión, se mantiene en espera de que las reformas se apliquen. Ahora bien, ¿se podrán aplicar? Para eso sería necesario que la asamblea de socios aprobase la batería de reformas lograda en la junta directiva, pero ni eso ha fraguado acuerdos internos. Los votos de la Rueda sostienen a la presidenta Pilar Jurado, de momento, y, de hecho, uno de los puntos de la reforma de los estatutos presentada fue suficiente para que los representantes de Audiovisual y Gran Derecho (dramaturgos y coreógrafos, fundamentalmente) abandonasen la reunión.

Ayer, en Tokio, Pilar Jurado luchó hasta el final para convencer a la CISAC de sus buenas intenciones y su arduo trabajo para reformar la SGAE desde febrero. Pero en CISAC esperan resultados, llevan esperando desde diciembre de 2017 cuando los editores multinacionales fueron expulsados de la junta y todo el poder pasó a los representantes apoyados por la Rueda y las editoras de TV. No quedaba paciencia para parar el mecanismo sancionador.

En espera de conocer otras versiones, cuentan que la presidenta actual de SGAE llegó a una mezcla de lágrimas e indignación al conocer el resultado de la votación, encarándose de manera ostensible con algunos colegas, como el argentino Guillermo Ocampo, director general de SADAIC con el que la tensión subió más de la cuenta. Hay quien dice que el choque y las palabras que se cruzaron pasarán factura a la presidenta de SGAE.

A su vuelta, Pilar Jurado tiene por delante una asamblea imposible. Es poco probable que apruebe los acuerdos de reforma planteados a toda prisa en la junta del 7 de mayo. A estas alturas no existe mucha confianza en un asunto central: el llamado voto social, la intención de Pilar Jurado de dar votos a los miembros de SGAE cuyas obras no producen y ponderar más los votos temporales que reciben quienes han recaudado en los últimos años. Ella lo defiende como una medida democratizadora, como explicó a ABCen una entrevista, pero enfrente todos opinan que ese embate dará el golpe de gracia a la entidad y los autores de la Rueda se instalarán para siempre en los mandos de la SGAE, legitimados por una medida que califican como «demagógica».

Además en la asamblea falta para los críticos un punto esencial, la votación en el orden del día sobre los repartos pendientes. Desde hace años es la asamblea quien debe ratificarlos y si no lo hace, según los máximos conocedores, cualquier acuerdo de la junta directiva es nulo. El problema es que desde 2017 no se ha aprobado un solo reparto, precisamente por la polémica de la franja noctura y la Rueda.

Esa ratificación sería la única forma de aplicar el límite del 20% que prevé la ley y que las cadenas de televisión rechazan, así como obligar a ciertas devoluciones de quienes han cobrado de más en 2018.

Ayer fue muy comentado el comunicado de la SGAE en el que se hablaba de que lo que hizo CISACha sido dar «un voto de confianza a la gestión realizada en los últimos dos meses por la junta directiva de la SGAE presidida por Pilar Jurado» y «confía la duración de la medida a los resultados de la Asamblea General de la SGAE convocada para el 24 de junio y su gestión posterior». Esa es la baza de la presidenta.

La CISAChablaba de «trato discriminatorio de titulares de derechos y la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa». En la gesión de Jurado aprecian «cambios favorables», pero que «aún no han sido aprobados por la asamblea» y añade que «la CISAC exige la realización adicional de importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la SGAE de las reglas profesionales para las sociedades miembro de la Confederación».