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El fiscal pide 33 años para un clan familiar de narcotraficantes
Los procesados vendían la droga desde diversos domicilios de la calle Torremolinos
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará los próximos días 29 y 30 a los siete miembros de un clan presuntamente dedicado al tráfico de estupefacientes desde diversos domicilios de la calle Torremolinos. La mayoría de los procesados pertenecen a la misma familia, si bien también hay otros cuya relación con el «cabecilla» es vecinal.
Según reza en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, las pesquisas policiales que permitieron desarticular esta organización se llevaron a cabo entre enero y mayo de 2012. Los agentes habían recibido diversos «chivatazos» que apuntaban a varios puntos de venta de drogas en la citada zona, por lo que se puso en marcha un operativo para dar con los miembros de la red.
Durante las investigaciones, los efectivos constataron que el inculpado R.E.R. «era a quien habitualmente se dirigían los compradores. El acusado les facilitaba la dirección concreta a la que debían acudir», dirección que no siempre se trataba de la misma «para evitar ser descubiertos», señala la Fiscalía.
El 17 de mayo, con la preceptiva orden judicial en la mano, los policías llevaron a cabo los registros de hasta cuatro viviendas diferentes de la calle Torremolinos, donde se incautaron, entre otras cosas, de diversas cantidades de cocaína, marihuana, heroína y hachís. Además, también encontraron útiles para el cultivo de las plantas, como ventiladores, focos, termómetros y temporizadores. Igualmente, los agentes hallaron diversas cantidades de dinero (en uno de los pisos se encontraron más de 51.000 euros).
«Todo el efectivo intervenido provenía de la venta de estupefacientes, y la droga hallada en los domicilios estaba destinada a su venta y distribución al por menor», pone de manifiesto el Ministerio Público.
Así, el fiscal solicita que R.E.R. sea condenado a seis años de cárcel y multa de 10.000 euros. Para los otros seis procesados pide cuatro años y seis meses de prisión, así como el mismo montante en concepto de sanción.

