El balance de una década sin Plan Hidrológico Nacional (PHN) resulta desalentador para el campo de la Comunidad Valenciana, en especial, para la provincia de Alicante: las desaladoras que el PSOE planteó como alternativa apenas generan una octava parte del caudal que iba a llegar con el descartado trasvase del Ebro.

Las dos plantas en funcionamiento en Alicante apenas suman 42 hectómetros cúbicos de agua al año, frente a los más de 350 que estaban reservados para la Comunidad Valenciana de los 1.000 que se derivarían en total del río que separa esta autonomía de la catalana, donde sí llegan desde hace años caudales de esta procedencia. Ni siquiera la mayor desaladora de Europa, la de Torrevieja, que según Acuamed ya está en explotación, podría compararse con su capacidad máxima de 80 hectómetros, a la solución de la transferencia desde el Ebro. Tampoco con la única estable desde hace años desde el Tajo al Segura, auténtica tabla de salvación con unos 300 hectómetros anuales.

Pero es más, en el supuesto de que se cumplieran los planes iniciales de la exministra socialista Cristina Narbona de construir, dentro del programa AGUA, 24 plantas desalinizadoras en todo el arco mediterráneo, el coste del agua sigue siendo prohibitivo para los agricultores: 1,1 euros el metro cúbico, o sea, cinco veces más caro que lo que pagan, por ejemplo, por esa cantidad de agua del trasvase Tajo-Segura (17 céntimos en origen y tres más por el bombeo, 20 en total).

Ni las dos plantas de Castellón –en Oropesa del Mar y Moncófar– ni la prevista en Mutxamel (Alicante) están a punto ni se vislumbran proyectos nuevos, a la vista de estos costes energéticos desproporcionados para producir agua mediante este sistema. Como dato de referencia, la planta de Torrevieja necesita tanta electricidad a diario (más de 50 megavatios MW) como la que requiere toda su población, 100.000 habitantes.

Entre los inconvenientes que entraña la apuesta por la desalación, según los expertos, destaca el problema de los vertidos de salmuera, que en el caso del litoral alicantino y valenciano tiene especial relevancia por su posible impacto en la posidonia, al aumentarse la salinidad del agua. Además, los caudales obtenidos en estas instalaciones no resultan adecuados para el riego de ciertos cultivos, por ejemplo, los cítricos, que representan uno de los sectores más presentes en este territorio. De hecho, ya de entrada por el precio se orienta su aprovechamiento más para el consumo humano que para la agricultura.

Con fecha de caducidad

Una incógnita que dentro de unos años se desvelará y puede determinar la continuidad de las actuales desaladoras, e incluso la decisión de construir nuevas, es el mantenimiento de este tipo de infraestructuras.

Algunos estudios presentados en la Universidad de Alicante auguraban ya en el momento en que echó a andar este apartado del programa AGUA que «como fábricas que son», estas plantas tienen una vida útil, que en su caso se estima en 20-25 años. Contando con que la inversión global del Estado para poner en marcha las plantas actuales en la Comunidad Valenciana ya ha rebasado largamente los 500 millones de euros, parece poco probable que las nuevas políticas de austeridad del gasto público permitan nuevas «alegrías» para estos menesteres.

Entre las ventajas de la desalación, se apunta invariablemente a que garantiza una estabilidad en el abastecimiento, al contar con un recurso ilimitado (el agua del mar), a su escaso impacto estético en el paisaje y al uso de energías renovables (la eólica y la solar), si bien las ingentes cantidades de electricidad necesarias ya han demostrado, en la práctica, que ese aspecto es su principal hándicap.