La denominada «línea roja» contra la corrupción que el presidente del PPCV, Alberto Fabra, implantó al llegar al cargo para recomponer la imagen de su partido–seriamente dañada por casos como Gürtel, Brugal o Emarsa– genera cada vez más voces críticas entre los populares. La doctrina, mucho más estricta que la que se aplica en otras autonomías gobernadas por los populares, se ha llevado por delante ya a muchos dirigentes imputados en macroprocesos que avanzan muy lentamente. Con la cercanía de las elecciones de 2015, estas voces contra el criterio de Fabra han ido aumentando, no de tono, pero sí en número.

Algunos, como el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus –o la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en Brugal–, se han mostrado abiertamente en contra del momento procesal en el que Fabra ha trazado su «línea roja». También la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá –quien mantuvo a su vicealcalde, Alfonso Grau, cuando estuvo imputado en el caso Nóos–. Gran parte del grupo parlamentario en las Cortes opina también que esa «línea roja» debería moverse hacia atrás. Y no solo el presidente de la Cámara, Juan Cotino, acosado ahora judicialmente –aunque no imputado–, sino diputados ajenos a procesos judiciales.

El presidente provincial alicantino, José Císcar, o la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, también se muestran recelosos respecto a enviar a casa a cualquiera que acabe imputado. Todos ellos, en mayor o menor medida, le han trasladado su inquietud a Fabra y han sugerido la posibilidad de revisar el criterio. El dirigente que con más firmeza respalda la «línea roja» el presidente provincial de Castellón, Javier Moliner, quien considera que es preferible pecar por exceso para rehabilitar la imagen de los políticos.

En este contexto, numerosos dirigentes del PPCV apuestan por asumir para los cargos políticos la «línea roja» que se aplica a los jueces en España. Esto es, dejar el cargo si se abre un juicio oral. Algo que podría evitar más de un mal trago al presidente regional –quien tiene ciertamente desmantelado su gabinete de comunicación tras la imputación de la ex secretaria autonómica de Comunicación Lola Johnson, a la que sustituirá en breve José Luis Torró– , ya que la oposición ha lanzado una feroz ofensiva judicial contra todo el PP, y denuncia todo aquello que la Fiscalía pueda valorar y que un juez pueda admitir a trámite, aunque sea con tenues visos de verosimilitud.

El ejemplo de Elpidio Silva

El argumento de diversos dirigentes del PPCV es impecable desde el punto de vista ético, dado que el límite fijado a los jueces no admite dudas dentro de un sistema democrático. Uno de los últimos casos en los que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actuó contra un juez fue el de la suspensión provisional del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio Silva, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió juicio oral por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de Justicia y contra la libertad individual.

El artículo 190.2 del Reglamento de la Carrera Judicial acuerda la «suspensión provisional de los jueces y magistrados respecto de los cuales se siga procedimiento» judicial cuando se dicte «auto de apertura de juicio oral, de prisión provisional, de libertad bajo fianza o de procesamiento, una vez adquieran firmeza».

Alberto Fabra y Lola Johnson, en una imagen tomada unos meses antes de que la segunda fuese imputada