Escándalo en la Administración Petro tras confirmarse vínculos entre el Estado y la disidencia de las FARC

Los hechos se encuentran bajo investigación desde julio de 2024, cuando un retén militar inspeccionó un vehículo en el que se transportaba la delegación del grupo armado designada para establecer diálogos con el Gobierno y fueron incautados teléfonos móviles, ordenadores y discos duros.

Noticia Relacionada

Un exmilitar chavista revela las relaciones entre ETA y las FARC

Carmen Lucas-Torres

Milton Gerardo Revilla dice que tiene papeles clasificados para demostrarlas y quiere declarar en España

Posteriormente, la unidad de investigación del canal local Caracol accedió a correos, chats y documentos que mencionaban nexos entre la disidencia de las FARC y altos funcionarios del Estado, entre ellos el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Ambos se enfrentan a procesos disciplinarios y judiciales por presuntos contactos y acuerdos con la organización liderada por Calarcá. El Ministerio de Defensa ha anunciado medidas preventivas, incluyendo la suspensión temporal del general Huertas y la apertura de una inspección exhaustiva sobre su gestión, mientras se realizan las investigaciones formales.

El debate político se ha intensificado en el Senado, donde algunos legisladores han cuestionado la eficacia de los controles internos y han exigido respuestas claras sobre si la infiltración fue producto de negligencia o de acuerdos deliberados entre sectores del Estado y el narcoterrorismo.

La senadora Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, lideró un debate en el que planteó interrogantes sobre la posibilidad de que la infiltración de las disidencias en instancias clave de seguridad y defensa haya sido parte de un pacto político, lo que ha generado tensiones profundas en torno a la política de paz y a la gestión de la seguridad nacional.

Las investigaciones no se limitan al ámbito militar. La Procuraduría General ha abierto procesos contra los funcionarios señalados, mientras la DNI realiza indagaciones internas y externas, incluyendo una investigación independiente dirigida por el inspector general, designado directamente por el presidente.

Estados Unidos, aliado clave en materia de seguridad, ha pedido a Colombia que investigue a fondo los vínculos señalados, dada la importancia estratégica de la cooperación bilateral.

El informe periodístico que desató el escándalo reveló datos sobre comunicaciones, transferencias de información y supuestos acuerdos políticos y financieros entre funcionarios y miembros de las disidencias.

Entre los aspectos más polémicos está la posibilidad de que el grupo armado haya financiado campañas electorales, lo que ha generado rechazo y desconfianza en la opinión pública y entre los sectores políticos.

El Gobierno colombiano insiste en la transparencia y en la aplicación de la «cero tolerancia» ante cualquier acto ilegal, aunque la gravedad de los señalamientos ha abierto un debate sobre la eficacia de los controles institucionales y la vulnerabilidad del Estado frente a la infiltración de estructuras criminales.

La sociedad civil y la comunidad internacional han exigido transparencia y resultados contundentes, dada la importancia estratégica de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La crisis ha puesto en el centro de la agenda la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar la integridad del Estado, aspectos fundamentales para el proceso de paz y la estabilidad democrática.

En este contexto, el Gobierno ha anunciado la aplicación de medidas contundentes y la apertura de procesos de investigación exhaustivos, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

La sociedad espera respuestas contundentes y medidas que fortalezcan la confianza en las instituciones y garanticen la integridad del Estado, aspectos fundamentales para el proceso de paz y la estabilidad democrática.