Dos asociaciones de víctimas de la dana exigen el acta de Mazón para reunirse con el presidente de la Generalitat

Así lo han manifestado, en un comunicado difundido este sábado, un día después de conocer los mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas con el ya expresidente Carlos Mazón y con el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, durante el día de la dana. Pradas ha entregado un listado con estos mensajes a la juez que investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que está investigada.

En uno de estos mensajes, en los que la exconsellera alertaba a Mazón esa misma mañana del fatídico 29-O de que «preocupa» el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: «Cojonudo». Además, Pradas mandó un mensaje al jefe de Gabinete del expresidente a las 16.28 horas en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).

Los colectivos de víctimas, que se preguntan si desde el Consell «dejaron morir» a sus familiares, han exigido a Pérez Llorca «medidas políticas y transparencia inmediata», la primera de ellas que reclame el acta de diputado de Carlos Mazón. «Sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión», han advertido.

Además, han reclamado la «ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año» porque, según han argumentado, «nuestra sociedad no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten».

También han solicitado «la retirada de confianza y el cese de quienes han defendido públicamente esta versión» y, con ello, la destitución de «todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen», entre ellas la vicepresidenta primera, Susana Camarero, el conseller de Hacienda y Economía, José Antonio Rovira, y el de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

Finalmente, han reclamado al Consell la «colaboración plena» con la investigación judicial y que «todas las personas citadas y los cargos implicados colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre».

Las asociaciones de víctimas se han mostrado «absolutamente indignadas» tras conocer los mensajes entre Pradas, Mazón y Cuenca, unas conversaciones que, a su juicio, confirman «aquello que durante un año se nos negó: que sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica, que sí ocultaron o negaron la información de riesgo, que Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación y que nos han mentido durante meses». «No son sospechas, son pruebas documentales que nos golpean, que golpean la conciencia pública y que exigen respuestas inmediatas», han expresado.

En primer lugar, los colectivos han subrayado que estas conversaciones «muestran avisos simultáneos sobre el incremento de caudal en el barranco del Poyo y el río Magro, así como la declaración de alerta hidrológica», lo que «desmiente la versión del Consell sobre la supuesta ausencia de información previa».

Además, han incidido en que los mensajes de Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, y las «instrucciones de calma o no confinar frenaron el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo». «Esta actitud no es menor, es potencialmente letal», han advertido.

También han sostenido que estos mensajes confirman que el 'expresident' de la Generalitat «estaba al tanto de la gravedadantes de entrar en El Ventorro». De hecho, han subrayado que las conversaciones «muestran que dos horas antes de entrar» en el restaurante donde comió con la periodista Maribel Vilaplana, el que fuera jefe del Consell «ya había sido avisado de la gravedad extrema de la situación, de los rescates en marcha, de la alerta hidrológica activa en el Poyo y el Magro y, especialmente, de la primera víctima mortal en Utiel, antes de las 17.00 horas».

Por todo, han denunciado que desde el Consell les han «engañado durante un año»: «La narrativa oficial que negaba disponer de elementos claros para actuar se desmorona ante estos mensajes. La información existía y no se utilizó para salvar vidas».

Así, han considerado todo ello «una infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias» y han garantizado que no piensan «tolerar que se sigan encubriendo responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia».