Hablan los funcionarios absueltos en el caso Aznalcóllar: «Han sido diez años de calvario»

«No hay palabras para describir lo que hemos sentido tanto nosotros como nuestras familias durante estos diez años, y tras la absolución. Nos sentimos felices, porque tranquilos ya estábamos, a pesar de esta década que hemos vivido», ha afirmado Romera durante una entrevista en la Cadena Ser.

Cabe enmarcar que la sentencia absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental que les atribuyeron las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España S.L.U., SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción al considerar que «no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada».

En este sentido, Romera ha remarcado la «incredulidad» con la que los investigados han vivido el proceso. «No dábamos crédito a lo que estaba pasando por haber hecho nuestro trabajo», ha apostillado. A juicio de la funcionaria, la sentencia hace «justicia» y «pone de manifiesto la mala fe de todas y cada una de las personas responsables de habernos sentado en un banquillo injustamente y de haber mantenido una mentira durante diez años«.

Preguntada sobre la duración del procedimiento, que se ha extendido a lo largo de una década, Romera ha subrayado su sensación de «injusticia» por haber acabado en la vía penal. «El coste emocional, el sufrimiento para nosotros y para nuestras familias es incalculable. Hemos vivido un proceso duro e injusto«, ha señalado. »Nuestra reputación social, laboral, nuestro daño psicológico y físico que hemos sufrido y sufrimos. Es irreparable, pero hay que seguir adelante«, ha lamentado.

Con el tribunal afirmando que no existen «pruebas ni indicios» y que la acusación era «infundada», Romera ha reconocido su propia perplejidad. «Mis compañeros y yo nos preguntamos cómo es posible que se haya llegado a celebrar un juicio desde el mismo momento en que supimos que iríamos a juicio oral». En este punto, ha apuntado a la magistrada que reabrió el caso. «Esa pregunta debería hacerse a la jueza, después de que la instructora y la fiscal concluyeran que no existía ni delito ni prueba alguna», ha concluido.