Es solo alguna de las «lindeces» que Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe de protocolo de la Diputación de Lugo, profería a sus trabajadores. La imposición reinante en el área bajo su competencia es «el pan nuestro de cada día». «Aquí las normas las dicto yo y a quien no le guste que coja la puerta», relatan algunos de los funcionarios provinciales a su cargo. «Hostigamiento, desprecios y gritos». Es el calvario al que dicen estar expuestos desde hace meses siete de los ocho empleados que forman parte del departamento que dirige el socialista, al que se adscriben el programa Km0 y Atención al Ciudadano.

«Por activa y por pasiva han intentado evitar (responsables de la institución) que el caso trascendiera, incluso tres días antes de que varios compañeros fueran a declarar ante la Fiscalía -hasta el momento lo han hecho dos en calidad de testigos- presionaron para lavar los trapos sucios en casa». Así lo aseguran algunos de los trabajadores con quienes ha podido hablar ABC. Todos ellos coinciden en relatar episodios que trascienden de un mero conflicto laboral, como han querido dar a entender desde el comité de empresa y la junta de personal, integrada por UGT, CIG y CC.OO. Este último sindicato pronto se desmarcó negando sumarse al comunicado emitido en el que los representantes de los trabajadores aseguran no verle recorrido penal «al mobbing» del que acusan a Pulpeiro.

Un paso al frente que ha molestado y mucho a parte de los trabajadores con quienes, aseguran, ni siquiera se han puesto en contacto -UGT y CIG- para conocer de primera mano «qué es lo que está pasando». «Actúan antes que la Justicia sin saber, y dicen representar a los trabajadores... es inaudito», lamentan las fuentes consultadas por este diario.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que no solo investiga un presunto delito de acoso laboral sino irregularidades con posible relevancia penal derivadas de la gestión del programa Km0, que la Diputación de Lugo mantiene con fondos de la Unión Europea. Fueron varios de los trabajadores los que pusieron estos hechos en conocimiento de la Presidencia de la institución, en manos del socialista José Ramón Gómez Besteiro. Al parecer, según indican, «inflaban las facturas que pedían a los restaurantes. Si se consumían 30 menús, se exigía que figurasen 40», ponen como ejemplo. Unas acusaciones que el implicado, Fernández Pulpeiro, niega tajantemente. Desde el pazo provincial aseguran que «no hubo malversación de fondos y restan trascendencia penal a la investigación en curso».

«Interés por ocultar el escrito»

Al respecto de este último punto, otras fuentes consultadas dejan caer que «hubo una clara intención de ocultar esta información». «Si sale a la luz sería un escándalo», argumentaron según su versión desde la Diputación lucense. Esta denuncia forma parte de una de las instancias emitidas por el grupo de empleados que han hecho públicas sus quejas -cada departamento dependiente de Protocolo emitió tres escritos relatando varios hechos-. Primero de forma verbal, «hace más de un año»; luego, «ante la poca atención que merecieron por parte de los distintos responsables de la institución», vía registro el pasado mes de diciembre.

Todos ellos, a excepción del Km0, en el que además se describen las irregularidades mencionadas, recogen el comportamiento de Pulpeiro al que acusan de «un trato vejatorio» al personal. Es más, uno de los trabajadores provinciales relata como una compañera tuvo que ser asistida por una UVI móvil tras un cuadro de estrés agudo. Según indicó, la mujer está de baja y a tratamiento psicofarmacológico. «Una auténtica pesadilla», añade.

El asunto ha tomado mal cariz, tanto que dos de los trabajadores del servicio, implicados en el acoso laboral, han sido trasladados a otras áreas. Así lo anunció recientemente el portavoz del grupo socialista, Manuel Martínez.

En el caso de que la Fiscalía decida archivar la causa contra Férnandez Pulpeiro, varios de los empleados no descartan personarse como acusación particular.