El Gobierno ‘castiga’ a los científicos que vuelven del extranjero con menos sueldo y sin reconocimiento

«Es paradójico que para optar a un puesto de investigador se cuente muy positivamente que hayas salido fuera, pero que luego eso no se valore una vez te contratan», explica a ABC Gutiérrez de Terán en conversación telefónica desde Suecia. Él y Castaño Díez no supieron hasta después de optar a la plaza que sus dos décadas de experiencia por barba no serían válidos por no haber investigado en uno de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) de la Administración General del Estado. Y los OPI solo son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ( CIEMAT ), el Instituto de Salud Carlos III ( ISCIII ) y el Instituto de Astrofísica de Canarias ( IAC ). En esta definición no caben organismos extranjeros. Ni siquiera universidades españolas u otros centros de investigación españoles, como en el caso de los primeros años de Gutiérrez de Terán, quien estaba adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras instituciones públicas españolas. « El CSIC envió un mail genérico recordando la directiva de la CEDACT estableciendo que, efectivamente, solo es actividad evaluable la desempeñada en un OPI , excluyendo explícitamente Universidades, Agencia Europea del Espacio, Fundaciones adscritas y Empresas públicas», revela Castaño Díez.

Todo viene por un apunte en la Ley de la Ciencia de 2011 . En ella ya se recogía que los quinquenios (una parte variable del salario relacionada con los méritos por los que cada cinco años se incrementa un porcentaje el salario) solo se reconocerían por los periodos trabajados en las OPIs. Sin embargo, no fue hasta 2019, con el desarrollo de la norma a través del Real Decreto 310/2019, de 26 de abril , por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los OPIs, cuando se empezó a aplicar. «Los investigadores que pidieron que se les reconociera su trabajo antes de esta fecha no tuvieron problema; pero ahora nosotros nos encontramos con este problema. Y lo peor no es nuestro caso, sino todos los que vienen en el futuro», afirma Gutiérrez de Terán. «No es algo solo personal. Es que yo, como jefe de grupo, cuando quiera captar a alguien de fuera, lo voy a tener muy difícil. Va en contra de los principios de captación de talento de los que se habla».

En teoría, con veinte años de experiencia, deberían reconocerse cuatro quinquenios, lo que supondría un incremento del salario de unos 500 euros mensuales. «Aunque no es algo tan fácil. Ya solo el hecho de solicitar que te aprueben los quinquenios requiere proezas administrativas, como bucear en el papeleo de proyectos finalizados hace más de veinte años», explica Castaño Díez, quien además se trae consigo a un investigador suizo de su anterior equipo que se verá en la misma posición. «Al final, te metes en esto de la ciencia por vocación , porque te entusiasma un proyecto. Pero me gustaría poder ofrecer a mi equipo una base salarial firme; confiar solo en la motivación no es la mejor estrategia para retener y atraer talento. Otros países también pueden ofrecer proyectos motivantes acompañados de mucho mejores salarios».

Alrededor de dos centenares de investigadores con el mismo problema enviaron una carta al Ministerio de Ciencia denunciando esta situación en octubre de 2021. Varios organismos, como la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), Comisiones Obreras (CCOO) o la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior (Raicex), a la que pertenece Gutiérrez de Terán (no así Castaño Díez), incluyeron la modificación de este artículo en sus alegaciones a la nueva reforma, ya que, cuando el pasado mes de enero el Gobierno hizo público el borrador de la nueva norma, se constató que no había ningún cambio. «La nueva ley es una oportunidad perfecta para cambiar este agravio comparativo entre los investigadores que han desarrollado su carrera aquí y los que se han ido fuera . No creo que el objeto sea hacer una discriminación, pero el resultado final es ese . Aparte de que es un punto que va en contra del espíritu de la nueva Ley de Ciencia», afirma Gutiérrez de Terán.

El problema es que la versión final de la ley cuyo contenido publicó íntegro ABC el pasado sábado no resuelve el problema. Así, salvo cambio de último momento, se aprobará hoy en Consejo de Ministros sin resolverse este extremo.

Según Javier Martínez , secretario de comunicación del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO y uno de los presentes en la mesa de negociación con el Gobierno, el cambio está contemplado, si bien es posible que se haga de rogar. Desde el Ministerio de Ciencia confirman a ABC que «se está estudiando» el artículo en cuestión, pero sin dar más detalles al respecto.

«Existen cuatro normas que el Gobierno tiene que modificar, además de la ley de Ciencia. Y con Europa solo se ha comprometido a tener esta última para junio, por lo que existe más margen», explica el portavoz de CCOO. Porque aparte de la norma de Ciencia en sí, la nueva legislación afecta a Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU); a la Ley de Investigación Biomédica (LIB); a la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (LFPAGE) y, finalmente, al ya mencionado Real Decreto 310/2019.

Este no es el único punto conflictivo de la reforma en ciernes (que, si todo va según lo previsto, será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo martes). «Nos preocupa la rotunda negativa de Hacienda a no estipular un mínimo de un 75% en el salario de los investigadores predoctorales», indica Martínez. Una preocupación que comparte Darío Badules, portavoz del colectivo PIF Unizar, creado por estudiantes de la Universidad de Zaragoza quienes han conseguido que a los investigadores predoctorales de este centro se les reconozcan los trienios (condición solo aprobada en algunas universidades de Madrid, Comunidad Valenciana y, recientemente, Andalucía). «Los dos primeros años, un predoc -graduados o licenciados, en su mayoría con uno o varios máster, que están elaborando su tesis doctoral- tiene un salario de 1.000 euros. Hasta el cuarto año no llega a los 1.200 euros», relata. Pero la situación crítica no termina ahí: «Un ayudante de doctor, que da clases todos los días, cobra menos que un profesor de primaria. Es cierto que la reforma significa un avance. Pero hay muchas cuestiones de base que hay que arreglar».

Para poner de manifiesto esta penosa realidad, PIF Unizar y más de una veintena de sindicatos y asociaciones propusieron movilizaciones por toda España este lunes. Ideadas en un principio para protestar porque el borrador del anteproyecto de ley no incluía la remuneración por fin de contrato a los investigadores ya contratados, el mensaje de rectificación de la ministra de Ciencia , Diana Morant , no consiguió parar la convocatoria. «Queríamos un compromiso serio, no una problema en un simple tuit. Creemos que nuestra acción ha servido para que esta reivindicación fuese atendida de forma más rápida», señala Badules.

Y existen más frentes abiertos: entre las reclamaciones, estos colectivos piden la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos como trabajadores; la modificación de las retribuciones mínimas en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF); el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión; o la integración de todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia, entre otras. «La nueva ley tiene que ser una verdadera reforma, no un nuevo parche», señala Badules.