La Justicia europea condena a España por la contaminación de Madrid y Barcelona

Desde 2008, los Estados miembros han de cumplir con la directiva 2008/50/CE de calidad del aire que fija en 40 microgramos el límite de exposición anual al dióxido de nitrógeno (NO2), sustancia nociva asociada a los vehículos de combustión. Dos años más tarde, esta normativa entró en vigor y desde esa fecha, año a año durante esta última década, ha sido incumplida tanto en Madrid como en Barcelona.

Un quebranto que no ha pasado desapercibido por las autoridades comunitarias que, ya en 2015, abrió un expediente a España, que quedó archivado en 2018 por los planes para reducir la contaminación en ambas capitales. Sin embargo, doce meses después, la Comisión reactivó el expediente y denunció, nuevamente, a España.

No obstante, el caso de España no es algo aislado en el contexto europeo. Varios países de la UE han sido ya condenados por el incumplimiento de la directiva de calidad del aire, entre los que están Alemania, Italia y Francia.

Además, no es la primera denuncia que recibe Moncloa, que es la representante del país ante las autoridades comunitarias, ya que, recientemente el TJUE ha condenado al pago de 74,85 millones de euros por no depurar bien sus aguas residuales.

Tras 15 años, la Organización Mundial de la Salud ha revisado y endurecido los indicadores de calidad del aire. Estos límites señalan directamente a los coches con motores de combustión, ya que el más modificado es el dióxido de nitrógeno, un contaminante que genera problemas en el aparato respiratorio.

Desde 2005 y hasta ahora, se consideraba que el umbral de seguridad estaba en una exposición anual de 40 microgramos por metro cúbico para este contaminante, pero ahora, ese umbral se ha visto rebajado hasta los 10 microgramos por metro cúbico. Por su parte, las micropartículas (PM2,5) bajan a cinco microgramos por metro cúbico y las PM10 a 15.

Según varios informes de la OMS, la contaminación del aire es responsable de cerca de 300.000 muertes al año, una cifra que refrenda también la agencia europea del Medioambiente. Datos que han llevado a Bruselas a plantear una futura reforma de la directiva que rebajará el umbral de 40 microgramos por metro cúbico de NO2 a 20 microgramos, con esta reforma, prevista para 2030, más de 20 ciudades españolas incumplirían la normativa comunitaria.

Para solucionar el problema de la mala calidad del aire en las grandes ciudades españolas, en mayo de 2021 el Consejo de Ministros dio luz verde a la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que, entre otras medidas, establecía que las ciudades con más de 50.000 habitantes deberían contar con zonas de bajas emisiones «antes de 2023». Sin embargo, a unos pocos meses de su entrada en vigor, la amplía mayoría de estas localidades no tiene definidas estas zonas.