El presidente de la Generalitat, Artur Mas
El presidente de la Generalitat, Artur Mas - inés baucells

16.000 millones a Cataluña si tuviera «cupo»

El País Vasco aporta a la caja común del Estado 4.500 millones menos de los que debería. Los expertos apuestan por reformar el sistema foral en lugar de extenderlo

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El próximo año, la reforma fiscal modificará el esqueleto tributario español mediante la bajada del Impuesto de la Renta y Sociedades. Pero no llegará a todo el territorio. La frontera a partir de la cual su impacto se diluirá es la que da entrada a País Vasco y Navarra, regiones que disfrutan de un concierto fiscal propio recogido en la Constitución por «derechos históricos» y que permite a las cuatro diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya recaudar impuestos, tener competencias sobre todas las figuras tributarias, IVA e impuestos especiales al margen, y provoca que ambas comunidades aporten mucho menos a la solidaridad regional que las autonomías adscritas al régimen común.

Ello hace que este régimen sea muy beneficioso para País Vasco y Navarra. Estos incentivos motivaron que en 2012 el presidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamase un concierto fiscal para Cataluña ante la negativa tajante del Gobierno central.

¿Cuánto supondría un hipotético concierto fiscal catalán? El economista Ángel de la Fuente, autor del informe «Sobre el pacto Fiscal y el sistema de Concierto» publicado por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y director de Fedea, lo valora en 16.000 millones de calcularse como el cupo vasco. Un montante que el Estado tendría que detraer de otros gastos para Cataluña.

«Si el cupo catalán se calculase como el vasco, sería una ruina. Puesto que Cataluña es mucho mayor que el País Vasco y Navarra, darle el mismo trato de privilegio que a estos territorios y eximirla en la práctica de pagar la parte que le toca de los servicios que sigue prestando la Administración Central, dejaría al Gobierno central sin los recursos necesarios para ejercer sus competencias de una forma razonable. Y mucho más aún si se produce un contagio y hay que extender el mismo sistema al resto de las comunidades ricas, que no tardarían mucho en pedirlo», sostiene De la Fuente.

Todo depende de si se aplicara como ya ocurre en País Vasco y Navarra o de una manera distinta. País Vasco y Navarra pactaron con el Estado en 1981 aportar un 6,2% y un 1,6% de sus ingresos totales cada año respectivamente para contribuir al gasto del Estado en las competencias no transferidas, como Defensa, así como representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes e infraestructuras.

Estos porcentajes se calcularon en base a la aportación de ambas regiones a la economía española y han continuado más o menos estables. En 2013, País Vasco supuso el 6,1% del PIB nacional y Navarra, el 1,7%, porcentajes parecidos a su aportación. Sin embargo, como considera el economista Ángel de la Fuente hay una gran diferencia entre «el sistema foral per se y los resultados financieros derivados de la forma en la que éste ha sido aplicado». Cada cinco años, País Vasco pacta con el Estado la base sobre la que se aplica el concierto en la llamada Ley del Cupo.

«No hay un cálculo transparente basado en un listado de competencias asumidas y no asumidas y una valoración de cada una de ellas, sino una cantidad que aparece allí por arte de magia. Cuando uno hace números y compara una cosa con la otra, resulta que no tienen nada que ver. Según mis cálculos con datos de 2007, que corresponden a la última Ley del Cupo, la diferencia es enorme. El País Vasco paga anualmente 4.500 millones de euros menos de lo que debería, casi un 7% de su PIB», afirma De la Fuente. Añade que el caso navarro es «cualitativamente muy similar».

Según el experto, el actual sistema infravalora los gastos del Estado en las competencias no transferidas y se basa en coeficientes no actualizados desde su aprobación en 1981. Otros académicos coinciden en denunciar el sistema.

«En ajuste por IVA (cuyo objetivo es cubrir las diferencias entre lo que recaudan las Diputaciones y lo que pagan los residentes en el País Vasco), la situación es especialmente beneficiosa. Tras el ajuste, la comunidad recibe entre y el 7% y el 8% de la recaudación de España, mientras que su participación en el consumo interior apenas supera el 5%. Navarra, con un consumo que no llega al 1,5% recibe casi el 2% de la recaudación total por IVA», lamenta el catedrático de Hacienda Pública de la universidad de País Vasco, Ignacio Zubiri, que recuerda que la subida de la recaudación por el último alza del IVA en 2012 ha beneficiado especialmente a País Vasco mientras las autonomías de régimen común «han obtenido poco de lo recaudado».

Estos incentivos explican el interés de Cataluña por lo que Mas llamó «pacto fiscal». Según las balanzas territorializadas presentadas por el Ministerio de Hacienda, la financiación por habitante en 2011, medida en competencias homogéneas, en ambas comunidades era más de un 60% superior a la media de las regiones de régimen común pese a contar con una normativa fiscal que normalmente ha sido más laxa que en el resto de España.

«Navarros y vascos tradicionalmente han pagado menos Impuesto de Sociedades e Impuesto de Sucesiones que el resto de españoles», asevera el informe del CSIC. La baja aportación de los territorios forales a la caja común del Estado explica también por qué pese a tratarse de dos de las regiones españolas más ricas presentan un saldo fiscal positivo. «Ambas comunidades están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres. Entre estros últimos está Cataluña cuya contribución a tal subvención rondaría los 1.000 millones de euros», recoge el documento.

Menos solidaridad

Los economistas consultados recuerdan que extender este sistema a otras regiones agravaría todavía más la desigualdad entre los ciudadanos españoles. Sería como si los contribuyentes de rentas más altas pidieran a Hacienda que les devolvieran su dinero porque aportan más con sus impuestos de lo que reciben en forma de servicios.

Ante esta situación, tanto Zubiri como De la Fuente coinciden en que la solución no es extender el sistema foral a otras regiones ricas como Cataluña sino corregir el actual modelo de financiación para estas dos autonomías.