La propuesta de reforma fiscal estrecha el cerco sobre los propietarios de vivienda

Por ello, la propuesta de los expertos estudia gravar más la propiedad de vivienda que la venta, mediante la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que tributan las operaciones sobre inmuebles usados, o el de Actos Jurídicos Documentados.

Unos trece millones de españoles cuentan con una vivienda en propiedad en nuestro país. De ellos, cinco millones se benefician de la deducción por la compra de vivienda. A pesar de que Hacienda ya negó que fuera a eliminar esta desgravación con caracter retroactivo (en la actualidad se mantiene para los que adquirieron inmuebles antes de 2013), los expertos llaman a su desaparición en un periodo de cinco a diez años, salvo para aquellos que ganen menos de 20.000 euros y cuenten con un inmueble con un valor catastral inferior a 90.000 euros.

El otro frente que preocupa a los que poseen una vivienda apunta a la revisión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La propuesta recoge que el tributo, una de las principales fuentes de ingresos de los municipios, necesita estar en un porcentaje «algo inferior» al 1% sobre el valor catastral de la vivienda además de que el Estado participe en su recaudación. Si bien en la actualidad los municipios pueden gravar entre un 0,4% y el 1,1%, la mayor parte está por debajo de lo sugerido, lo que supondría un mayor gasto fiscal. Mientras estas modificaciones se producen, proponen que la vivienda habitual pague IRPF , de forma que se impute a los propietarios como ingresos un porcentaje del valor catastral del inmueble, como ya se hace con el resto de viviendas que poseen los contribuyentes.

Si el Gobierno ya ha negado que vaya a aplicar esta medida , la reforma de fondo planteada apunta al IBI ya que los expertos denuncian que el tributo recauda menos que en los países de nuestro entorno: sus ingresos supusieron un 1% del PIB en 2012. En este punto, los sabios también sugieren actualizar los valores de referencia del Catastro cada año, ya que si bien la Ley recomienda que se actualice cada diez, hasta un 51% de los inmuebles que están registrados se revisaron antes de 2002 con un plazo medio general de 21 años. Y recomiendan que el valor catastral sea mayor al 50% del valor de mercado del inmueble, límite marcado como objetivo en la actualidad lo que, previsiblemente, acarrearía una mayor presión fiscal.

«Lo razonable sería que se marcara un porcentaje para que no quedara abierto a cada Ayuntamiento», señala Manuel Gandarias, director de estudios de pisos.com . A pesar de todo, el IBI aumentó su recaudación un 47% entre 2007 y 2012, en parte, por las continuas subidas que han aprobado muchos de los consistorios así como e l Gobierno en 2011 .