Sánchez aprobará «muy próximamente» el decreto de universidades que pone coto a la privada

Pero, a la vista está, el proceso se fue dilatando debido a las numerosas alegaciones que habría recibido el ministerio dirigido por Diana Morant por parte de varias universidades, de la Conferencia de Consejos Sociales Universitarios, de sindicatos y asociaciones y organizaciones educativas y de estudiantes, e incluso de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Esta última advirtió al Ejecutivo de que la norma «dificultará» la competencia y de que exige unos requisitos «injustificados y discriminatorios».

Estas alegaciones, según ha podido saber ABC, retrasaron el informe final del Consejo de Estado, que fue emitido el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, la ministra Diana Morant dijo en un acto de apertura del curso en la Universitat Jaume I de Castelló que «muy próximamente» se llevará al Consejo de Ministros el real decreto. «Hemos de acabar con esa proliferación de universidades privadas que no tienen la calidad suficiente, que se aprueban en las comunidades autónomas incluso con criterios desfavorables de calidad por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades», añadió.

Una de las últimas 'adaptaciones' que se realizó del decreto impulsado por el Gobierno fue para contentar a sus socios del PNV, que se habían opuesto frontalmente a la norma alegando invasión de competencias, en la línea de las comunidades del PP. El ministerio que dirige Diana Morant terminó plegándose a algunas de las exigencias de los vascos, adaptándose a una casuística de las comunidades autónomas en las que existe una lengua cooficial y que aplicaría a las universidades con una oferta de estudios mayoritariamente online.

Recordamos que el principal cambio que introduce el decreto es el 'visto bueno' que deberá emitir la Aneca o las agencias de evaluación económicas antes de la apertura de una universidad, cuyos informes pasan a ser vinculantes. También habrá requisitos más estrictos en materia de investigación y deberá haber un 50 por ciento de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado.

Antes del verano, el Ejecutivo habría relajado algunos plazos de adaptación, sobre todo para las universidades de más reciente creación, como por ejemplo el requisito de llegar al menos a 4.500 alumnos matriculados: el plazo para llegar a esta cifra será de seis años, en lugar de cinco desde el inicio de la actividad.