El Consejo Escolar del Estado debate más de 500 enmiendas sobre la nueva «ley Celaá»

En el informe elaborado por la Comisión Permanente del Consejo el pasado 10 de diciembre, los representantes de la comunidad educativa del máximo órgano consultivo del Estado en educación hicieron diversas observaciones al texto de la ministra que ahora deben ser respaldadas por el Pleno.

Entre las recomendaciones incluidas en dicho informe, el Consejo propone que la Administración del Estado fije un porcentaje mínimo del uso de la lengua castellana en toda España, «como lengua oficial que es».

«Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Además añade: «Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas».

La reforma de Celaá prevé que sean las administraciones las que determinen el numero de horas en lengua castellana.

También en el informe se pidió que el nuevo texto de Celaá recupere, en la disposición adicional segunda, el apartado 3 con la siguiente redacción: «La determinación del currículo correspondiente a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español».

El Consejo también propone que se incluya «Historia del Mundo Contemporáneo» como materia común en todas las modalidades del Bachillerato, que sea una prioridad contar con direcciones estables en los centros educativos públicos o que haya una coordinación entre comunidades de las políticas educativas.

Además, recomienda fijar una financiación del sistema educativo que sea al menos del 5,5 % al finalizar el proceso de implantación de la reforma, que las becas sean un derecho subjetivo y que toda la ley incluya el concepto de «ruralidad», como garantía de igualdad educativa, social, económica y demográfica