El sector de los libros de texto denuncia diferencias de contenido entre comunidades hasta en las Matemáticas

El sector editorial de los libros de texto ha denunciado la disparidad normativa y de contenido entre las distintas comunidades autónomas y exigen un sistema único en toda España de ayuda directa para garantizar la gratuidad de los libros de texto

MADRIDActualizado:

El sector editorial de los libros de texto ha denunciado la disparidad normativa y de contenido entre las distintas comunidades autónomas. «Constatamos desgraciadamente que hay 17 realidades diferentes, más dos. Y digo dos porque que Ceuta y Melilla, que dependen del mismo Ministerio, también tienen normativas distintas, cosa que no es lógico. Estas normativas diferentes se aplican incluso con gobiernos del mismo signo político», lamentó José Moyano Guzmán, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele).

Estas diferentes normativas provocan, a juicio de Moyano, una inestabilidad e inseguridad jurídica que es «nefasta» para las empresas y que obedecen, en algunos casos, a las «medidas populistas» de los gobiernos de algunas comunidades.

Pero, además, denunciaron que los contenidos de los libros de texto también cambian hasta en las Matemáticas. «Siempre se piensa en Historia pero también cambian los contenidos de Matemáticas. El libro de Madrid no sirve en Castilla-La Mancha y viceversa. Es cierto que dos más dos sigue siendo cuatro, a ese nivel de locura no hemos llegado aunque no hay que descartarlo, sin embargo, la forma y el ritmo en que se enseña son distintos por comunidades y eso tiene un coste porque la economía de escala desaparece», lamentó Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.

También denunciaron que las comunidades no cumplen la ley (la Lomce o «Ley Wert» que aún está en vigor pese a los planes de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de derogarla a través del anteproyecto que pretende llevar a las Cortes el mes que viene). «Estamos en una situación de indisciplina, hay una ley que no cumple nadie y esto ha permitido que cada comunidad aplique los calendarios que quiera y que además regule como quiera», añadió Ávila.

Estas reclamaciones se hicieron en el marco de la presentación del Informe «El entorno económico e Institucional del sector del libro de texto», elaborado por el catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan José Durán Herrera.

En cuanto a las disparidades normativas, Moyano explicó que hay comunidades que tienen reglamentación de ley, otras de estatuto, otra de órdenes, otra de resoluciones, etc. Es decir, «el rango de ley por el cual ponen en marcha el sistema de financiación de los recursos educativos es dispar». Las diferencias se ven, sobre todo, en las normas que rigen los diferentes modelos de financiación de las ayudas a los libros de texto. En España, existen tres modalidades básicas para cumplir con el principio de gratuidad: préstamos de libros; ayudas directas para la adquisición de libros y ayudas del Ministerio de Educación a las comunidades. «Hay 17 sistemas de gratuidad distintos y no son estables, cambian cada año y provocan una terrible desigualdad en la educación en España», lamentó Ávila.

Por ejemplo, en Andalucía, donde rige un modelo de préstamo universal de los libros de texto, el único comprador de los mismos desde hace 13 años es la Administración. En la Comunidad Valenciana el pago de las ayudas (modelo de gratuitdad universal) se reparte entre la comunidad, el ayuntamiento y las diputaciones (cada una un tercio). En País Vasco funciona el régimen de arrendamiento: «Lo compra la comunidad, se le cede al padre y este paga el 25 por ciento del coste de los libros. Como el préstamo dura 8 años están sacando dinero por esa vía», explicó Ávila.

A esto se suma que las normas varían incluso entre comunidades del mismo partido y año a año.

Modelo único en toda España y de ayuda directa

Por ello, los editores abogan por un sistema sostenible y que se aplique en toda España basado en la ayuda directa a las familias por nivel de renta. «Es el más justo desde un punto de vista social», apuntó Moyano Guzmán. Además, a juicio de Ávila, la ayuda directa permite mejorar el rendimiento académico ya que el niño se queda con el libro en casa, no tiene que devolverlo. «Todos los estudios PISA dicen que el rendimiento académico va en función de la propiedad y de la existencia de los libros en casa de los niños, por tanto, para que esto se produzca tiene que abogarse por un modelo de ayuda directa». Para los editores este sistema evitaría los «vicios» del préstamo que perjudican al sector debido a que «reducen el potencial de venta de las empresas editoriales y de distribución y para los autores implica la utilización colectiva de su obra sin su cesión de los derechos de autor», apuntó el autor del estudio.

El informe también concluye que el sector editorial de contenidos educativos «contribuye a la creación de Valor Añadido Bruto de la economía, a la generación de empleo y juega un papel relevante en la creación de valor económico del idioma español».

Concretamente, apunta que el sector editorial (libros y prensa) representa el 1% del PIB Nacional y el 34% del PIB de las actividades culturales españolas y que la cadena de valor de la industria del papel genera 5.147 millones de euros de renta directa y 3.611 millones de renta indirecta.