Celaá decide mantener las polémicas reválidas de final de la ESO y hasta los sindicatos se le vuelven en contra

«Las organizaciones que suscriben esta enmienda, se opusieron frontalmente al proyecto de orden ministerial de 2017/2018 por considerarlo un desarrollo puro y duro de la Lomce y por considerarlo lesivo para la equidad, la comprensividad y la inclusividad del sistema educativo. Como el proyecto que se nos presenta de nuevo (curso 2018/19), es idéntico al presentado para el curso 2017/18, al que simplemente prorroga, la posición de las organizaciones como no podía ser de otro modo, es la misma», dicen los sindicatos.

La negativa de estas organizaciones (que presentaron una enmienda a la totalidad a la orden) no implica que los planes de Celaá no sigan adelante ya que el informe resultante (con dichas enmiendas), que elabora el Consejo Escolar del Estado , el máximo órgano consultivo de educación para el Gobierno, no es vinculante .

En la práctica, esto significa que los alumnos que cursen 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria deberán someterse a cuatro exámanes: Lengua Castellana y Literatura (o, en su caso, Lengua Cooficial y Literatura), Primera Lengua Extranjera, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, Geografía e Historia. Eso sí, estas pruebas tienen finalidad diagnóstica, carácter muestral y no se exigen para obtener el título .

Pero esto no siempre fue así. Con la Lomce estas pruebas sí eran necesarias para pasar de curso y fue esto lo que más molestó en su día a la oposición (entonces el PSOE), sindicatos y familias. Por eso, el Gobierno (en ese momento el PP), t uvo que retroceder y aprobar un real decreto ley en diciembre de 2016 modificando las características más polémicas de las pruebas : las convirtió en muestrales (es decir, solo la harían una selección de alumnos) y, sobre todo, tendrían finalidad diagnóstica, no siendo necesarias para obtener el título (esta nueva versión «más blanda» de las reválidas es precisamente regulada en la orden que ahora el Gobierno quiere prorrogar y al que a la que los sindicatos, aún así, se oponen).

El decreto de 2016 del PP estaba condicionado a la aprobación de la normativa resultante de un Pacto Educativo que nunca se consiguió. Recordemos que el PSOE se levantó de la mesa de negociación por no aplicarse su exigencia de inversión del 5% del PIB en el sistema educativo.

Al no haber pacto educativo, Celaá tenía dos opciones: volver a la Lomce pura y dura (es decir, con las reválidas como exigencia para aprobar el título) o aprobar un nuevo real decreto demorando el calendario de la Lomce para no aplicar estas pruebas finales. Pero ni una, ni otra: ha preferido prorrogar las pruebas tal como las dejó el PP el año pasado . Y es que lo único que quieren aprobar ahora mismo es su anteproyecto de ley que elimina la Lomce por completo y que, según aseguró Celaá el martes en su comparecencia en el Congreso, estará listo «en días».