Celaá cifra en 1.000 millones las deducciones de los padres de la concertada mientras Hacienda los persigue

Las aportaciones voluntarias o donaciones realizadas por las familias son legales y compatibles con el régimen de conciertos, siempre que cumplan con el artículo 88 de la LOE. Es decir, tienen que ser voluntarias y que estén destinadas a conceptos como becas para material, formación del profesorado, accesibilidad, proyectos solidarios, etc. pero no para sufragar actividades ordinarias del colegio. Dichas aportaciones voluntarias pueden ser objeto de desgravación fiscal siempre que cumplan con la ley 49/2002 de mecenazgo y con la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas .

Sobre lo que esta mañana ha llamado la atención la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que «parece que algunas familias se habían desgravado en términos de donación , cuando es un dinero que se entrega a cambio de una prestación y, por tanto, no puede seguir estos parámetros», dijo en una entrevista en Antena 3. Recordó que «la mayoría de las familias lo consignan adecuadamente» y que «no ha habido ningún cambio de criterio» y que le corresponde a la Agencia Tributaria decidir si ha habido una clara interpretación de la norma. En caso de que no «se le pedirá a la familia que haga una declaración complementaria».

De hecho, el ministerio de Hacienda ha querido insistir a través de un comunicado que «no existe una campaña general de inspección de la Agencia Tributaria sobre los donativos en colegios concertados» y que « simplemente se vienen realizando controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio ».

Sin embargo, la noticia no ha sentado bien a la concertada. «Se levanta un velo de sospecha sobre la legalidad o no de las deducciones fiscales que se aplican los padres de la concertada al realizar los donativos o aportaciones voluntarias a favor del centro», ha criticado Luis Centeno , secretario general adjunto de Escuelas Católicas.

«Aunque la ministra de Educación se ha remitido a su homóloga de Hacienda y esta señaló que no existe ninguna campaña general de revisión de las deducciones realizadas por las familias, y que no ha cambiado ni la normativa ni el criterio interpreativo de la Agencia Tributaria, queda siempre un trasfondo de cierta incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el futuro lo cual no es una buena noticia para la enseñanza concertada», añadió.

Sin embargo, la noticia no es nueva. Los asesores fiscales del Reaf ya advirtieron en noviembre que la Agencia Tributaria no permite que los padres se deduzcan la cuota pagada en el colegio concertado ya que ello tiene una contraprestación. Así lo advirtieron ante varias actas levantadas por la inspección sobre los últimos cuatro años, en concreto a un contribuyente de Asturias al que reclamaban 337,5 euros, informa Javier Tahiri .

Esta mañana la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá compareció en el Congreso y fue preguntada por esta cuestión por Ciudadanos que, en palabras de su portavoz de Educación, Marta Martín, acusó al Gobierno de «sablear a la clase media trabajadora a través de políticas ideológicas». « Esto es un impuesto ideológico y esperemos que no siga machacando a los padres que quieren llevar a sus hijos libremente a la concertada».

Celaá señaló que le corresponde a Hacienda hacer el «análisis correspondiente» y especificó que «habrá deducciones válidas y otras no tanto». Además, señaló que de acuerdo con sus noticias y su comunicación con otros ministerios, «el cómputo total de las deducciones supera los mil millones». Sin embargo, no especificó a qué periodo correspondía dicha cifra. Preguntada nuevamente por los periodistas por el asunto, espetó: «Son mil o como si son cien».

La ministra también fue preguntada, concretamente por el PP, por cómo se va a desarrollar real decreto-ley que establece la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas.

Celaá admitió que la medida «no puede generar perturbación en el sistema» y que no va a permitir que «vaya en detrimento del sistema educativo». «Soy una de las personas que están afectadas con esta medida y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de la corrección de la misma », sentenció.

La portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo , advirtió a la ministra de los problemas que podría generar a los alumnos obtener los títulos si se obliga a las empresas a pagar por ellos en la Seguridad Social. En la misma línea opinó Martín que señaló que «hay 700.000 alumnos cuya titulación está en riesgo». «Si se obliga a los empresarios habrá menos oferta y esto es dramático para los centros que irán a la quiebra ya que no tienen previsión presupuestaria». Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea , diputado del PNV, señaló que la medida tendrá «consecuencias nefastas», en la Formación Profesional y que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa.

En cuanto al anteproyecto de ley que modifica la LOE, aprobada por los socialistas en 2006 y que elimina la Lomce de los populares, la ministra aseguró que estará preparado «en días». Al haber pasado ya por el Consejo Escolar del Estado ( donde Celaá consiguió con sus afines quitarle peso a la Religión y dejar relegado el castellano ), queda el informe del Consejo de Estado aunque no se sabe si sus técnicos ya lo tienen entre manos.

En cualquier caso, el Gobierno podría llevarlo al Consejo de Ministros sin el informe del supremo órgano consultivo del Gobierno porque no es vinculante. Aunque esto no dejaría al Gobierno en una buena posición ya que al ser un proyecto de Ley Orgánica debería ser sometido a consultas.