El Comité de Bioética rechaza la eutanasia como derecho y prestación sanitaria

El Gobierno no había solicitado su opinión. Pero el Comité de Bioética en el ejercicio de sus funciones -emitir informes en asuntos con implicaciones bioéticas relevantes- ha considerado advertir al Ejecutivo de que la ley propuesta no es válida desde un punto de vista ético. No solo despenaliza la eutanasia como una mera excepción a la regla general que exige proteger la vida, sino va más allá y reconoce la muerte como un derecho incorporable al catálogo de prestaciones de la Sanidad pública.

El informe concluye que «existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública».

En su informe los expertos en bioética abordan las claves del debate de la eutanasia ajenos a ideologías políticas y a la realidad de nuestra sociedad. Estas son: la protección de la vida, el respeto de los valores individuales, la solidaridad y, sobre todo, la compasión . Este es el término más repetido a lo largo de las 74 páginas del documento. En su argumentación, piden que se mire siempre «con compasión» el deseo de una persona a poner fin a su vida cuando existe un gran sufrimiento físico o psíquico.

Se debe evitar el dolor y procurarle una muerte en paz, «sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente esta solicitud. Legalizar la eutanasia o el suicidio asistido supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra», escriben.

El comité reconoce que es fácil simpatizar con el sufrimiento de alguien, «pero basar nuestro sistema ético y legal en aquélla es peligroso y jurídicamente inseguro ». Y advierten que legalizar la eutanasia como un derecho «puede afectar al futuro de las personas más vulnerables». La compasión dicen, debe conjungarse con responsabilidad y prudencia, además del «deber de no abandono y la solidaridad».

Uno de los temores es que por tratar con compasión a los pocos casos que se presenten, se abra un camino que devalúe el valor ético y legal de la vida humana. Los doce expertos en bioética creen que cada uno de los casos que podrían considerarse beneficiarios de una eutanasia «son situaciones tan especiales que se hacen difícilmente generalizables ». En definitiva, temen que la eutanasia se convierta en una práctica que quede en manos del Estado.

Citan la declaración que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos realizó en 2002 en la que se advierte también del riesgo de generalizar esta práctica. L os médicos encargados de atender los cuidados al final de la vida reconocían entonces que podía haber personas a favor de la eutanasia en determinadas circunstancias extremas y, al mismo tiempo, en contra de su legalización para evitar repercusiones negativas. Ese concepto de pendiente resbaladiza que la bioética conoce tan bien. La ley de Eutanasia abriría un camino que será difícil detener.

El documento también critica al Gobierno por tramitar una ley sin haber universalizado previamente los tratamientos y apoyos sociales que necesitan los enfermos crónicos y aquéllos en una situación terminal. «Se propone poner fin a la vida de una persona como única solución a su situación de sufrimiento», recuerdan.

Desde una perspectiva ética, exigen que los cuidados paliativos y el apoyo sociosanitario sean accesibles y universales. «Ese sería el camino a emprender de manera inmediata y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública».

Los doce miembros del Comité de Bioética niegan una máxima instalada en la sociedad. ¿Es la eutanasia un símbolo de progreso, de país avanzado? Su respuesta no deja lugar a la duda: « Ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso , sino un retroceso de la civilización. En un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas».