El alcalde de Utrera «orquestó» la compra de los cines a pesar del perjuicio para las arcas municipales

Las presuntas irregularidades que pudieran derivarse de esta operación de compra por parte del Consistorio utrerano fueron llevadas ante los tribunales por los portavoces de de Juntos por Utrera y Ciudadanos en Utrera , Francisco Jiménez e Isabel González, respectivamente, en 2020. Tras un primer archivo por la juez instructora, decisión revocada posteriormente por el empeño de los denunciantes y el apoyo de la Fiscalía, ahora se conoce el atestado de la Guardia Civil.

En esta causa aparecen como investigados el alcalde socialista y el empresario de la sociedad Hermanos Tagua . El tercer implicado era un notario de la localidad y concejal socialista fallecido recientemente.

Para ir al origen de los hechos denunciados hay que remontarse a los primeros meses de 2019 y se resume, según la Guardia Civil, de la siguiente manera tras un «concierto» entre la empresa y el alcalde : la mercantil compra los cines Los Molinos por 450.000 euros, a precio de mercado, «ya que tenía información privilegiada » toda vez que existía un informe técnico de valoración del inmueble, y dos meses después se lo vende al Ayuntamiento por 680.000 euros. Esto es, «en un breve espacio de tiempo un inmueble se revaloriza en 230.000 euros, algo que no era factible, dado que no se daban circunstancias que pudieran incrementar este valor», según los investigadores.

En 2018, el alcalde ya intentó comprar los cines a la entonces propietaria, enviándole ofertas por valor de 900.000 euros y, después, de 720.000 euros. El propio alcalde rechazó las ofertas, pese a que la dueña de los cines las había aceptado, algo que se pregunta la Guardia Civil. En febrero de 2019 se emite un informe técnico de valoración por parte del arquitecto técnico municipal tasando el inmueble en 456.963 euros.

En este punto, los agentes de la Policía Judicial no entiende por qué el alcalde no realizó una oferta de compra al fondo de inversión propietario de los cines sobre la base de la tasación técnica. Aquí es donde aparece la empresa Hermanos Tagua, la «elegida» por el alcalde como «gestor inmobiliario» , que hizo las gestiones con el fondo de inversión. El 14 de junio de 2019 adquirió por 450.000 euros (IVA excluido) los cines. Dos meses después, esta empresa lo vendió al Ayuntamiento por 680.000 euros (IVA excluido).

«Podría parecer una operación que le habría beneficiado (al Ayuntamiento), dada las ofertas que un principio se habían hecho a los dueños, que claramente eran superiores, pero visto desde la perspectiva de los investigadores policiales de la presente diligencia, es obvio que se causa un grave perjuicio a las arcas municipales », concluyen desde el Instituto Armado, en un atestado entregado en el juzgado antes de Semana Santa y al que ha tenido acceso este periódico.

Pero los investigadores van más allá de las cifras. « El alcalde concierta las propuestas de compra con Hermanos Tagua cuando esta mercantil no era propietaria de los cines. El 17 de mayo, el Ayuntamiento le acepta la compra del inmueble por 680.000 euros». La sociedad compró el inmueble el 14 de junio por 450.000 euros («un importe que se aproxima bastante a la tasación del arquitecto técnico municipal) cuando ya era conocedora de una información »relevante«, el valor de tasación del inmueble y el concierto con el alcalde para pactar la compra.

« Eran conocedores de tal hecho, lo habían planificado y la operación generaba unos beneficios para el empresario y el intermediario, mientras que el perjuicio económico lo asumía el Consistorio . Este equipo de Delitos Económicos ve una operación arbitraria orquestada desde el propio Ayuntamiento por su máximo representante, el alcalde José María Villalobos», detalla la Guardia Civil. El perjuicio económico real para las arcas del Ayuntamiento de Utrera es de 230.000 euros , una cifra que los investigadores sustentan sobre el «concierto» del alcalde con el empresario, que tenía «información privilegiada» sobre un asunto que trataba con el «máximo representante municipal», cuando «ni tan siquiera era el propietario del inmueble», y más aún cuando el alcalde rechazó las ofertas de compra que hizo al fondo de inversión, que había aceptado la compra.

Lo siguiente que aborda la Guardia Civil en su atestado es la modificación presupuestaria para la compra de los cines aprobada en en un pleno extraordinario y por urgencia el 6 de junio de 2019. El Ayuntamiento compró los cines el 13 de agosto por 680.000 euros (IVA excluido). El IVA suponía era de 142.800 euros, por lo que la operación suponía una cantidad total de 822.800 euros.

Ocho días después del pleno, Hermanos Tagua compra los cines por 450.000 euros (IVA excluido). « En el pleno se ocultó algo que era muy importante , el destino que se le iba a dar a este suplemento de crédito», asegura la Guardia Civil.

En el contrato de arras firmado el 5 de julio entre el Ayuntamiento y la mercantil Hermanos Tagua se entrega a la empresa 204.000 euros , el 30 por ciento de los 680.000 euros. «Un porcentaje excesivo», según los investigadores.

Otro elemento que destaca la Guardia Civil es la actuación del alcalde en todos estos hechos. Tras la investigación, la unidad de Policía Judicial encargada del atestado apunta que en esta operación de compra entre el Ayuntamiento y una mercantil se dan los supuestos «delitos de malversación, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, y tráfico de influencias».

Y señala a José María Villalobos «como supuesto autor de los delitos de malversación, de prevaricación, de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, y de los fraudes y exacciones legales». Por su parte, al empresario , José Manuel T.S., le atribuyen la presunta comisión de un delito de «los fraudes y exacciones legales, y de tráfico de influencias».

El alcalde ya ha tenido que declarar por este asunto ante la juez, ante la que alegó que alegó que el procedimiento seguido «no tiene la más mínima sombra de sospecha y cuenta con el aval de los servicios jurídicos y económicos municipales , como recoge el expediente puesto a disposición del juzgado».