Ricardo Guerrero será el nuevo alcalde de Pruna tras la inhabilitación por prevaricación del regidor actual

Desde que trascendiera esta noticia el pasado día 2 de diciembre, el partido que gobierna el Ayuntamiento (con siete ediles, frente a tres del PSOE y uno de Adelante de la oposición) ha estado analizando todas las opciones para elegir al sustituto de López , quien dejará el cargo en cuanto le sea notificada la sentencia por parte de la Audiencia Provincial. A partir de ahí se fijará la fecha del pleno extraordinario en el que se dé cuenta del relevo institucional, que podría ser a finales de este mismo mes o ya en enero.

En cualquier caso, lo que está confirmado, según ha averiguado ABC, es que Ricardo Guerrero no sólo acabará este año y medio de mandato que resta, sino que será además el candidato de cara a las elecciones municipales de 2023 . A sus 35 años de edad, este pruneño que posee el grado de Integrador Social, muestra su felicidad por esta propuesta que viene de su partido.

«Se trata de todo un reto para mí que afronto con mucha ilusión, si bien es verdad que no es plato de buen gusto acceder a la Alcaldía en estas circunstancias», ha comentado el propio Guerrero, quien además señala «que muchos proyectos que se iniciaron al principio de la legislatura podrán acabarse antes de 2023, sobre todo los relacionados con el turismo local».

Actualmente, Guerrero ostenta las delegaciones de Seguridad, Régimen Interior, Hacienda, Recursos Humanos, Personas Mayores, Atención al Ciudadano, Comunicación e Información y Educación, si bien con su nombramiento «tendremos que remodelar las funciones de los actuales miembros del equipo de gobierno», resalta.

Hay que recordar que este cambio en la Alcaldía se produce después de que el actual regidor realizara la contratación directa del arquitecto para el asesoramiento urbanístico de la Corporación Municipal sin proceso selectivo por ser un contrato menor, según los hechos probados recogidos en la sentencia dictada en 2019 por la Audiencia de Sevilla, ahora confirmada por el Supremo.

La secretaria señaló en su informe que se desconocía el importe total del contrato (si superaba los 18.000 euros), que carecía de definición suficiente su objeto y que no existía consignación presupuestaria. El relato de hechos probados recoge que, posteriormente, el entonces alcalde solicitó un informe sobre compatibilidad al Servicio Jurídico de la Diputación de Sevilla , que advirtió que no procedía la modalidad de contrato administrativo de servicios porque las funciones para las que fue contratado el arquitecto estaban reservadas a funcionarios públicos. A pesar de ello, lo mantuvo y formalizó con él un segundo contrato.

En declaraciones a este medio, Sánchez explicaba que «soy consciente de que la política es algo pasajero y no para toda la vida . No es lo mismo que los vecinos dejen de votarte y lo hagan por otras candidaturas que dejar la Alcaldía por este tema», que se inición por una denuncia del PSOE , que desde «que accedió al poder no ha hecho más que perder votos elección tras elección desde 2012», critica.