La juez ordena investigar todas las cuentas del alcalde socialista de Utrera por la compra de los cines

En los primeros días de este mes de junio el equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial presentaba un escrito en dicho juzgado en el que solicitaba que se requiriese a la Asociación Española de Bancos (AEB), a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para que aportasen una serie de información bancaria de José María Villalobos. Esta petición contó con el respaldo de la fiscal del caso.

Pues bien, en un auto de 15 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, la juez del caso ha admitido dicha petición y requiere a dichas entidades para que aporten a la Policía Judicial del Instituto Armado los datos y documentos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 9 de este mes en curso .

La juez pide la identificación de todas las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, fondos de inversión, seguros, deuda pública, tarjetas de crédito o débito, cajas de seguridad, préstamos , etc... «es decir, todos los servicios financieros y productos de activo o pasivo, aunque en la actualidad se encuentren cancelados, de los cuales sean titulares o autorizados u ostenten cualquier otro tipo de participación o apoderamiento, incluso aquellos en que la entidad haya actuado como intermediaria, debiendo entregar los soportes documentales correspondientes a contratos de apertura y documentación aportada en este acto, extracto de operaciones, datos de domiciliación o correspondencia».

Además, la identificación de las personas físicas que realicen operaciones de reintegro de efectivo , así como los ingresos de efectivo de importe superior a 3.000 euros para cada una de las cuentas y productos en el periodo solicitado; y en el caso de las transferencias , identificación de la cuenta de destino cuando la operación tenga origen en una de las cuentas investigadas y, al contrario, identificación de la cuenta origen cuando el destino sea en una de las cuentas investigadas, todo ello referido al periodo solicitado.

En dicho auto, la juez expone que el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones (incluidas las bancarias) constituye un derecho fundamental proclamado en la Constitución Española, pero aclara que de este reconocimiento no se deduce que este derecho fundamental «sea ilimitado, pues ello llevaría consigo la impunidad de ciertos delitos », sino que la Constitución permite la posibilidad de que mediante una resolución judicial motivada, «este derecho puede ser limitado con la finalidad de poder obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante en la causa».

En este sentido, la juez recuerda que consta acreditado en esta causa la posible comisión de delitos prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos , por cuanto la Policía Judicial investiga a instancias del Ministerio Fiscal y por orden de este juzgado la posible irregularidad en la compraventa por parte del Ayuntamiento de Utrera de las salas de cine del Centro Comercial Los Molinos.

Precisamente obra en la causa un informe de la Guardia Civil en el que se concluye que la compra de los cines por parte del equipo de Gobierno del socialista José María Villalobos fue «una operación arbitraria orquestada desde el propio Ayuntamiento por su máximo representante».

Los hechos llevados en 2020 a los juzgados por los grupos políticos Juntos por Utrera y Ciudadanos tienen su origen en los primeros meses de 2019. Tras un «concierto» entre Hermanos Tagua y el alcalde , la mercantil compra los cines Los Molinos a Inversiones Inmobiliaria Canvives por 450.000 euros, a precio de mercado, «ya que tenía información privilegiada» toda vez que existía un informe técnico de valoración del inmueble, y dos meses después se lo vende al Ayuntamiento por 680.000 euros. O lo que es lo mismo, «en un breve espacio de tiempo el inmueble se revaloriza en 230.000 euros, algo que no era factible, dado que no se daban circunstancias que pudieran incrementar este valor», según la Guardia Civil.

En 2018, el alcalde ya intentó comprar los cines a la entonces propietaria, enviándole ofertas por valor de 900.000 euros y, después, de 720.000 euros. El propio alcalde rechazó las ofertas, pese a que la dueña de los cines las había aceptado, algo que se pregunta la Guardia Civil. Entonces aparece la empresa Hermanos Tagua, la «elegida» por el alcalde como «gestor inmobiliario» , que hizo las gestiones con el fondo de inversión. El 14 de junio de 2019 adquirió por 450.000 euros (IVA excluido) los cines. Dos meses después, esta empresa lo vendió al Ayuntamiento por 680.000 euros (IVA excluido).

Esta operación «causó un grave perjuicio a las arcas municipales » y generó «unos beneficios para el empresario y el intermediario, mientras que el perjuicio económico lo asumía el Consistorio», cuantificándolo en 230.000 euros.

La Guardia Civil señala que en esta operación de compra entre el Ayuntamiento y una mercantil se dan los supuestos «delitos de malversación, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, y tráfico de influencias».

Y señala a José María Villalobos «como supuesto autor de los delitos de malversación, de prevaricación, de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función , y de los fraudes y exacciones legales».

Pero el requerimiento de información bancaria del alcalde no es la única novedad que llega desde los juzgados. La instructora dirige oficio a la Caja Rural de Utrera para que proceda al inmediato bloqueo de los fondos de una cuenta bancaria a nombre de la sociedad Hermanos Tagua . Del mismo modo, llama a declarar, en calidad de testigo-perito, a la actual interventora del Ayuntamiento de Utrera y como investigadas a su predecesora en el Consistorio y una interventora accidental. Todas deberán pronunciarse sobre el expediente de esta operación.