El alcalde de Casariche, investigado por el fraude del reciclaje, se agarra a los técnicos: «me limité a firmar»

Después de que el juez instructor elevase el posible desfalco tras la actuación de esta trama a 3,4 millones , por ahora, la Fiscalía, a principios de año, solicitó al juzgado que volviera a citar al primer edil de Casariche y quien fuera presidente del Consorocio cuando ocurrieron los hechos investigados, allá por 2016, para que ampliara su declaración, ya que la Policía había aportado nuevos documentos que le comprometen, como un certificado firmado por él acreditando que Magno era prestadora de servicios del Consorcio.

Esta segunda comparecencia de Carrión como investigado, al que se le imputan delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales , se produjo el pasado mes de febrero. Sólo respondió a preguntas de la fiscal y de su defensa.

Carrión siguió una estrategia de defensa muy similar a la adoptada por muchos de los acusados en el caso de los ERE irregulares , escudándose en los técnicos y funcionarios y en la confianza depositada sobre estos para limitarse a firmar los papeles que le ponían por delante.

Llegó al cargo como presidente del Consorcio, epicentro del fraude, en 2014. Fuentes del caso han indicado a este periódico que Basilio Carrión admitió que Magno, la empresa del interventor del Consorcio y del jefe de la planta de reciclaje, ya había realizado trabajos previos a su llegada.

«Se me pasan las resoluciones para la firma y entiendo que el procedimiento técnico y legal se ha desarrollado con normalidad ». Ésta fue la idea más repetida por el alcalde socialista investigado durante el interrogatorio.

Pero fue más allá y directamente señaló a las personas que le tenían que haber informado en caso de que se hubiese detectado cualquier incidencia o irregularidad en la tramitación de cualquier expediente. Así, afirmó que « el secretario o técnico correspondiente» le deberían haber avisado .

Carrión, como ya hiciera en primer declaración, optó por la línea defensiva del «no sé nada». Manifestó que ignoraba por qué antes de 2016 no hay contratos suscritos entre el Consorcio , con él ya como presidente, y Magno, a pesar de que esta sociedad ya prestaba servicios con anterioridad a dicho año 2016;como tampoco asbía por qué la empresa de Mañas e Ibáñez recibieron pagos antes de esa fecha.

Sobre el periodo objeto de investigación judicial (2016-2018) y los pagos realizados a Magno, se limitó a insistir en que firmar los documentos que le presentaban. Eso sí, aseguró que siempre preguntaba antes si estaba todo en orden .

« Nadie, ni verbalmente, me informó de que existiera alguna anomalía en los documentos a firmar», aseguró Carrión. Uno de los acuerdos alcanzados entre el Consorcio y Magno fue para la mercantil le arrendara a la entidad pública maquinaria para la recogida de basura por un importe que superaba los 1,4 millones de euros, un dinero que podía haber destinado a la compra de dichos vehículos «de manera más ventajosa» en el mercado. Pero de esto tampoco sabe nada el alcalde de Casariche.

A preguntas de su defensa, manifestó que el servicio de recogida de basuras se llevaba de forma correcta en el Consorcio, que también tenía su servicio jurídico y que tampoco nunca puso pegas a los expedientes y contratos. Sobre los procedimientos de licitación, Basilio Domingo Carrión insistió en que «firmaba muchos documentos, hasta cien al día» convencido de que todo estaba en orden, aunque «alguno se ha podido colar».

La declaración de este investigado llega después de que este periódico desvelara la última actuación de la Policía, que apunta que tanto Carrión como el exalcalde socialista de Los Corrales, Juan Manuel Heredia Bautista —actualmente contratado como asesor en la Diputación de Sevill a —, formaron presuntamente un «grupo criminal» junto con el interventor del Consorcio y jefe de la trama, José Antonio Mañas, con el objetivo de desviar fondos a la empresa pantalla Magno Ambiental del Levante, propiedad de este último y del jefe de la planta Matagrande de Estepa, Manuel Ibáñez.

La UDEF concluye en su nuevo informe que las diligencias practicadas les llevan a «deducir la existencia de un grupo criminal organizado liderado por Mañas» y que «todas las actuaciones delictivas señaladas durante la presente investigación, cometidas entre los años 2014 y 2020, responden a un mismo patrón consistente en el ejercicio indebido de cargos públicos para satisfacer intereses particulares del grupo criminal».